Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua, una medida impulsada por el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas para castigar delitos graves, pero que se produce en un contexto de denuncias internacionales por crímenes de lesa humanidad durante el régimen de excepción vigente desde hace cuatro años. La modificación al artículo 27 de la Constitución, que antes prohibía expresamente este tipo de pena, recibió 61 votos a favor, incluidos 59 de la bancada oficialista y sus aliados, así como dos diputados de oposición.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la decisión como parte de una serie de acciones “irreversibles” para garantizar la seguridad en el país, que ha mantenido un estado de excepción desde 2022 para combatir a las pandillas. Sin embargo, la reforma llega días después de que un informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) vinculara al gobierno salvadoreño con posibles crímenes de lesa humanidad durante la aplicación de este régimen especial.
El presidente Bukele, quien se ha presentado como el artífice de la drástica reducción de la violencia homicida en el país, celebró la aprobación en sus redes sociales, argumentando que es una herramienta necesaria para enfrentar a los criminales más peligrosos. La medida ha sido promovida como un paso más en su política de “mano dura”, que cuenta con amplio apoyo popular pese a las constantes advertencias de organismos de derechos humanos sobre detenciones masivas y condiciones carcelarias.
El debate sobre la cadena perpetua divide aguas entre quienes la ven como un disuasivo legítimo en una nación asolada históricamente por la violencia de las maras, y quienes alertan que consolida un sistema penal excesivamente punitivo y podría utilizarse de manera selectiva. La reforma constitucional requiere de otros trámites para su entrada en vigor definitiva, aunque el gobierno no ha especificado plazos concretos.
Organizaciones civiles y expertos jurídicos han señalado que la implementación de la pena perpetua podría enfrentar desafíos legales, tanto a nivel interno como ante instancias internacionales, debido a su posible incompatibilidad con tratados de derechos humanos suscritos por El Salvador. El contexto político, con Bukele ejerciendo un control casi absoluto sobre los poderes del Estado, sugiere que la oposición parlamentaria tendrá pocas opciones para revertir la medida.
La aprobación de la cadena perpetua marca un punto de inflexión en el sistema penal salvadoreño y refleja la profundización de un modelo de seguridad que prioriza el castigo severo, al tiempo que el país sigue bajo la lupa internacional por las denuncias de abusos sistemáticos durante el régimen de excepción, el más largo en la historia reciente de América Latina.
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