marzo 28, 2026
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Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, una reforma destinada a modernizar y agilizar los juicios administrativos en el país. La votación en lo general registró 363 sufragios a favor, 25 abstenciones y 64 en contra, mientras que en la discusión en lo particular se emitieron 328 votos a favor, 119 en contra y cero abstenciones.

Entre los aspectos centrales de la minuta recibida del Senado destaca el establecimiento de un plazo máximo de seis meses para resolver casos en la vía sumaria. Asimismo, se implementan plazos máximos para las actuaciones de los magistrados instructores y se fija un término común de cinco días para aquellas actuaciones del Tribunal que no cuenten con un específico, con el objetivo de evitar dilaciones procesales.

La reforma incorpora la posibilidad de que los juicios sean tramitados electrónicamente a través del Sistema de Justicia en Línea. En cuanto a los montos para proceder en la vía sumaria, las fuentes reportan ajustes en la cuantía: una versión indica que se incrementa de 15 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) anual, mientras que otra establece un límite de resoluciones cuyo importe no exceda de 15 veces la UMA anual. También se incluye como nuevo supuesto la impugnación de resoluciones sobre devoluciones de contribuciones.

El dictamen adiciona supuestos para negar la suspensión del acto impugnado cuando se afecte el interés social o se contravengan disposiciones de orden público, aplicable en casos de actividades sin autorización o conductas ilícitas. Además, se modifican los procedimientos para casos de atracción y recusación de magistrados, y se actualizan las referencias al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Con esta aprobación legislativa, la norma avanza en su proceso de formación, buscando reducir los tiempos de resolución de controversias entre la administración pública y los particulares mediante la estricta regulación de los tiempos procesales y la digitalización de trámites.

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