Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, se responsabilizaron mutuamente por el colapso de un edificio en San Antonio Abad 124 que dejó tres personas muertas el pasado 9 de marzo. La disputa se centra en quién debía supervisar la demolición, autorizada mediante un Acuerdo de Facilidades tres días después de que la alcaldía negara el permiso por detectar diez riesgos graves.
Rojo de la Vega señaló que, una vez emitido el Acuerdo de Facilidades por el gobierno capitalino, la responsabilidad de supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad recaía de manera ineludible en las autoridades de la Ciudad de México. “La demolición debía ser supervisada por el gobierno capitalino mediante Acuerdo de Facilidades, que obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad”, afirmó la alcaldesa.
Por su parte, el secretario Inti Muñoz Santini sostuvo en conferencia de prensa que la vigilancia primaria del proceso correspondía a la alcaldía Cuauhtémoc, con o sin el acuerdo de facilidades. Esta postura contradice directamente la de Rojo de la Vega, quien calificó la autorización posterior a la negativa inicial no como un error, sino como “una decisión” deliberada.
El conflicto surge tras el derrumbe fatal ocurrido en el inmueble ubicado en la colonia San Antonio Abad. La alcaldía había rechazado el permiso de demolición el 17 de octubre del año pasado tras identificar múltiples riesgos, pero el gobierno de la CDMX lo autorizó apenas 72 horas después mediante el mecanismo especial, lo que según la alcaldesa trasladó la carga de la supervisión.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado la identidad de las tres víctimas mortales, ni detalles específicos sobre los diez riesgos graves detectados inicialmente. Tampoco se ha informado sobre el estado de la investigación oficial que determine las causas precisas del colapso o posibles responsabilidades penales.
La empresa propietaria del edificio involucrado no ha sido identificada públicamente por ninguna de las dos instancias de gobierno en disputa. El caso evidencia fisuras en la coordinación y los protocolos de seguridad entre el gobierno central de la capital y las alcaldías, particularmente en procesos de demolición de estructuras riesgosas en zonas densamente pobladas.
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