junio 4, 2026

Ciudad De México, 04 de junio de 2026.- El acuerdo comercial T-MEC no obliga a las plataformas tecnológicas a someterse a la jurisdicción local, lo que deja a los usuarios sin acceso real a la justicia en casos de violencia digital, advirtieron integrantes de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, Tlatelolco Lab del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (Puedjs) de la UNAM y la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Los especialistas indicaron que el artículo 19.17 del T-MEC deslinda a las plataformas de responsabilidad por contenidos, incluyendo aquellos que sus propios algoritmos amplifican. Dardo Neubauer, investigador del programa universitario, recalcó que los artículos 19.12, 19.16 y 19.17 del tratado, tal como están actualmente, “bloquean la posibilidad de que una víctima de violencia digital en México pueda obtener justicia efectiva”.

Ante este escenario, las organizaciones sostuvieron que “esa impunidad quedará sellada con vigencia renovada” si no hay cambios, enfatizando que “las empresas deben respetar las normas de orden público de los países donde hacen negocio”. Por ello, el objetivo del acto fue impulsar una propuesta concreta de reforma al Capítulo 19 del T-MEC sobre Comercio Digital, desde una perspectiva de derechos humanos y justicia digital, estableciendo que dicho capítulo no debe renegociarse sin modificaciones.

La advertencia se da en un contexto donde, según datos del Módulo sobre Ciberacoso del Inegi, en México 19 millones de mujeres de entre 18 y 30 años han sido víctimas de acoso en Internet. Asimismo, casi 3 millones de niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años han denunciado violencia digital, y 760 mil menores han recibido contenido agresivo o inapropiado en plataformas.

Marcela Hernández Oropa, fundadora de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, precisó que “en México nadie está poniendo atención en el tema de comercio digital”. El evento reunió a instituciones públicas y privadas, organismos internacionales, academia, sociedad civil, representantes de embajadas de Estados Unidos y Canadá, así como a sobrevivientes de violencia digital.

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