Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos criminales contra dos ciudadanos de Arizona por conspirar para enviar armas de fuego al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa, en lo que representa una de las primeras acusaciones por apoyo material al terrorismo vinculada a cárteles mexicanos.
Los acusados son Laurence Gray, de 65 años, propietario de la armería Grips by Larry, y Barrett Weinberger, de 73 años, con residencia en Tucson. Según la acusación formal, ambos intentaron suministrar armas a estos grupos criminales en al menos cinco ocasiones entre febrero y mayo de 2025.
La Fiscalía Federal por el Distrito Sur de Arizona indicó que Gray intentó, con conocimiento, proporcionar armas de fuego al CJNG en mayo de 2025, y conspiró para suministrar armamento tanto al CJNG como al Cártel de Sinaloa ese mismo año. Los cargos incluyen tráfico de armas de fuego, ayudar a compradores de paja en la adquisición de armas e instigar a estos intermediarios a dar falsos testimonios durante las compras.
Estos cargos por apoyo material al terrorismo son posibles después de que en febrero de 2025 la administración del presidente Donald Trump designara al CJNG y al Cártel de Sinaloa como Organizaciones Terroristas Extranjeras, junto a otros cuatro grupos criminales mexicanos. Esta clasificación permite aplicar penas penales más severas contra quienes brinden recursos o armamento a estas organizaciones.
De ser hallado culpable únicamente por el cargo de apoyo material al terrorismo, Gray enfrentaría una sentencia potencial de hasta 20 años de cárcel y una multa de hasta 250 mil dólares. El Departamento de Justicia señaló que el negocio de Gray perdió su licencia federal para vender armas.
Tanto Gray como Weinberger fueron presentados ante la Corte Federal del Distrito Sur de Arizona en Phoenix. La armería Grips by Larry estaba ubicada en el condado de Cochise, a menos de 15 minutos del cruce fronterizo que une Naco, Arizona, con Naco, Sonora.
Esta acusación se enmarca en los esfuerzos de autoridades estadounidenses para combatir el tráfico ilegal de armas hacia México, un tema que el gobierno mexicano ha señalado repetidamente como uno de los factores que alimentan la violencia del crimen organizado en el país.
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