Ciudad De México, 13 de abril de 2026.- La administración del presidente Donald Trump ha promovido la estrategia de “autodeportación”, un eufemismo para el retorno voluntario impulsado por la presión, logrando expulsar a más de 600,000 inmigrantes desde que asumió el cargo en enero de 2025. Como parte de esta campaña, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alienta a los indocumentados a registrarse en la aplicación CBP Home, ofreciendo beneficios financieros que iniciaron en 1,000 dólares y posteriormente se elevaron a 2,600 dólares más un vuelo gratis.
Un anuncio promocional del DHS describe la iniciativa como una “oferta histórica y generosa” para “alienígenas ilegales”, asegurando que “el hogar está a solo unos clics de distancia”. Sin embargo, abogados migratorios advierten sobre los riesgos de compartir datos con el gobierno. Wendy Rodríguez, abogada de la migrante Mireya, señaló: “No confío en el gobierno. Esa información que pones quedará registrada y pueden usarla en tu contra”.
La complejidad de estos procesos se ilustra en el caso de Mireya, quien tras vivir 18 años en Estados Unidos decidió regresar a México. Aunque había entrado legalmente en 2008, excedió su periodo permitido. Al intentar abordar su vuelo en el aeropuerto de Oklahoma, fue detenida por la policía y entregada a agentes de ICE. “Ella les preguntó por qué la detenían si se estaba yendo. Les mostró su boleto, pero le dijeron que era ‘demasiado tarde'”, relató Rodríguez. Posteriormente, agentes sin orden judicial detuvieron en su casa a su esposo y a dos de sus tres hijos, quienes ahora permanecen retenidos en el centro de detención Bluebonnet en Texas.
En otro caso de alto perfil, Amanda Ungaro, ciudadana brasileña de 41 años, fue deportada en octubre pasado tras pasar tres meses en un centro de detención. Ungaro, quien compartió veladas con los Trump en Mar-a-Lago y cuya expareja, Paolo Zampolli, fue nombrado enviado especial para alianzas globales por el mandatario, fue arrestada en junio en Florida por cargos de fraude. Según The New York Times, Zampolli contactó a un alto funcionario de ICE para que su exnovia permaneciera encarcelada y fuera deportada, buscando así la custodia de su hijo, solicitud que ICE cumplió.
Tras su expulsión, Ungaro declaró: “Ahora es la guerra. Veremos quién gana. Guardé silencio durante años y por eso la gente me juzga… ¡El hombre no me dejaría vivir en paz!”. Agregó que “no fue suficiente para él destruirme durante 20 años de relación: quiso destruirme de nuevo cuando comencé una nueva vida”. Sobre su arresto, detalló: “Diez oficiales de policía irrumpieron en nuestra casa, me arrestaron y llevaron a mi hijo a la estación de policía. Yo, que no tengo antecedentes penales. Estaba aterrorizada”.
Paralelamente, el presidente Trump ha utilizado redes sociales para vincular la inmigración con hechos violentos. En su cuenta de Truth Social, difundió un video de un ataque en una gasolinera de Florida donde una mujer fue asesinada con un martillo, asegurando que el presunto agresor es un inmigrante haitiano en situación irregular. En la publicación, Trump responsabilizó directamente a su antecesor, Joe Biden, afirmando que el sospechoso permanecía en el país debido a políticas como el Estatus de Protección Temporal (TPS).
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