abril 9, 2026
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Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado Plan B de la Reforma Electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa se aprobó con 377 votos a favor y 102 en contra, quedando aprobada sin cambios a la minuta que mandó el Senado de la República.

La reforma contó con el respaldo de la alianza integrada por Morena, PVEM y PT, así como del opositor Movimiento Ciudadano (MC). Por su parte, el PAN y el PRI votaron en contra de la iniciativa. El diputado Reginaldo Sandoval anunció que el Partido del Trabajo respaldará la minuta, subrayando que la bancada votará en el Pleno de San Lázaro a favor en los términos aprobados por el Senado: “La vamos a acompañar con toda contundencia”, declaró.

El diputado de Morena, Víctor Hugo Lobo Román, fundamentó el proyecto asegurando que la reforma promueve la austeridad y garantiza la progresividad de los derechos político-electorales. Al respecto, mencionó: “No podemos dejar de mencionar que tuvimos la oportunidad histórica de alcanzar una gran transformación que no sólo era electoral, sino hasta política y del Estado mexicano… sin embargo, lo que era posible se obstaculizó porque se negaron a participar, o peor aún, hubo quienes decidieron votar en contra con un argumento específico que estaba fuera de la propuesta o que simplemente por diferencias semánticas en el planteamiento”.

Al inicio de la sesión, la diputada Carmen Rocío González, del PAN, así como los diputados César Domínguez y Erubiel Alonso, ambos del PRI, interpusieron mociones suspensivas, las cuales fueron rechazadas. Durante el debate, la legisladora Laura Cristina Márquez criticó el contexto social: “Las madres buscadoras no tienen consuelo ni justicia, los enfermos no tienen atención ni medicinas ni hospitales… México se rezaga y no lo quieren ver, ya rompan el pacto, rompan el pacto ahora por las familias de México”.

Por su parte, Abigail Arredondo Ramos cuestionó la utilidad del ahorro planteado: “Esta reforma es incongruente porque el supuesto ahorro de recursos será insignificante frente al dispendio que hay todo el tiempo desde la federación con sus obras faraónicos e inservibles”.

La reforma establece que el Ayuntamiento estará integrado, además de por un presidente o presidenta municipal, por una sindicatura y hasta quince regidurías, conforme a principios de paridad de género vertical y horizontal. Asimismo, precisa que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.

El texto aprobado indica que las remuneraciones de consejeros electorales, magistrados y titulares de órganos administrativos del INE y organismos locales no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución. No obstante, la reforma no contempla modificaciones a los periodos en los que se puede realizar una consulta de revocación de mandato, como lo había propuesto el Ejecutivo federal.

En los artículos transitorios se señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán armonizar su marco jurídico para adecuarlo al contenido del presente decreto a más tardar el 30 de mayo de 2026. Además, se estipula que el presupuesto anual autorizado para el Senado de la República deberá ajustarse de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes a la entrada en vigor del decreto, sin afectar los derechos laborales de las personas trabajadoras.

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