Nueva York, 26 de marzo de 2026.- La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles una resolución histórica que reconoce la esclavitud y la trata transatlántica como crímenes contra la humanidad y establece un marco para avanzar hacia la verdad, la justicia y la reparación. La votación, celebrada en la sede de la organización internacional, arrojó un resultado de 123 votos a favor, tres en contra y 52 abstenciones.
La iniciativa fue impulsada por Ghana y contó con el respaldo explícito de la Unión Africana y la Comunidad del Caribe (Caricom). Aunque la resolución no tiene carácter vinculante, representa un hito político significativo tras tres siglos de trata que afectaron a al menos 12.5 millones de personas. El texto busca cuestionar la cicatriz duradera dejada por este periodo y garantizar que estos hechos no caigan en el olvido.
Durante la sesión, el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que la esclavitud fue un crimen contra la humanidad que atacó el núcleo mismo de la condición humana, destruyó familias y devastó comunidades. El mandatario internacional enfatizó que se debe trabajar activamente por la verdad, la justicia y la reparación como parte del proceso de sanación global.
Por su parte, John Dramani Mahama señaló que la adopción de esta resolución sirve como una garantía contra el olvido y permitirá cuestionar las secuelas permanentes de la esclavitud. Sus declaraciones reflejaron la postura de los promotores de la medida, quienes ven en el documento un paso fundamental para el reconocimiento histórico de las víctimas.
Estados Unidos, junto con Israel y Argentina, se ubicó en el bloque de los tres países que votaron en contra de la resolución. Dan Negrea, representante estadounidense, argumentó que su nación no reconoce un derecho legal a la reparación por agravios históricos que no eran ilegales según el derecho internacional en el momento en que ocurrieron. Negrea calificó el texto de problemático en innumerables aspectos, afirmando que promueve agendas específicas y fomenta la creación de nuevos grupos de trabajo e informes costosos.
La aprobación de esta norma marca un punto de inflexión en el debate multilateral sobre las consecuencias de la colonización y la trata de personas, pese a la resistencia de algunas potencias occidentales. Con este mandato político, la ONU busca institucionalizar mecanismos de diálogo sobre las reparaciones históricas, aunque los detalles operativos y la lista completa de naciones abstentes requieren mayor desglose en los registros oficiales de la Asamblea.
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