Por Redacción
San Pedro Totolápam, 20 de marzo de 2026.- Nazaret Cortés Velasco, comisaria de Bienes Comunales del municipio de San Pedro Totolápam, Oaxaca, fue asesinada la madrugada del 19 de marzo de 2026 tras recibir varios disparos de arma de fuego cuando viajaba en una camioneta oficial acompañada de su hija, quien resultó herida. El ataque ocurrió en el kilómetro 80 de la carretera federal 190, momento en que la funcionaria regresaba a su domicilio, según reportes preliminares.
La Fiscalía del Estado de Oaxaca informó que ha activado el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para esclarecer los hechos. En un comunicado oficial, la autoridad confirmó que la víctima fue hallada sin vida con lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego, mientras que el vehículo en el que se transportaba recibió una docena de impactos, principalmente en el parabrisas.
De acuerdo con información de testigos y medios locales, la hija de la defensora, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica tras ser alcanzada por las balas durante la emboscada. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre su estado de salud ni sobre la dinámica exacta del ataque, incluyendo el número de agresores o el tipo de vehículo utilizado por los responsables.
Nazaret Cortés Velasco, de 38 años de edad, era una figura clave en la defensa del territorio y los recursos naturales de su comunidad. Días antes de su muerte, había participado en un video de la organización ‘Tierra de Agaves’, donde explicó un proyecto de ordenamiento territorial y monitoreo de fauna. Su labor se desarrollaba en un contexto de conflictos regionales relacionados con la construcción del Centro Integral de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU) y disputas sindicales vinculadas a la minera ‘El Águila’.
La investigación de la Fiscalía se encuentra en etapas iniciales, sin que hasta el momento se hayan presentado avances concretos sobre la identificación o captura de los presuntos responsables. El caso ha puesto en alerta a las organizaciones de defensa de derechos humanos en la región, dado el perfil de la víctima como lideresa comunal en una zona marcada por tensiones sociales y económicas.
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