Por Redacción
México., 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes el envío al Congreso de la Unión de una nueva iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan B”, que busca reducir presupuestos de congresos locales, el Senado y el número de regidores, con el objetivo de reorientar aproximadamente 4,000 millones de pesos hacia obra pública en municipios y estados. La propuesta, que será remitida formalmente este martes 17 de marzo, surge tras el rechazo el pasado 11 de marzo de una iniciativa más amplia que incluso fue votada en contra por los aliados de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el acuerdo alcanzado con PT y PVEM se centra en “reorientar el presupuesto de los congresos locales, el Senado y reducir regidores, para que esos recursos se queden en municipios y estados para obra pública”. La mandataria destacó que los fondos ahorrados serán etiquetados específicamente para este fin, aunque no precisó el mecanismo legal para garantizar dicho destino.
El anuncio se produce después de que la semana pasada fracasara el llamado “Plan A” de reforma electoral, que según análisis periodísticos incluía la reducción de la Cámara de Diputados de 500 a 400 integrantes. Fuentes editoriales sugieren que PT y PVEM rechazaron esa propuesta por temor a la formación de un partido hegemónico y a poner en riesgo su propio registro político.
La nueva iniciativa presenta cifras concretas sobre los costos legislativos, destacando diferencias significativas entre entidades. Como ejemplo, se menciona que en Baja California el costo por legislador asciende a 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de 5.1 millones de pesos, lo que evidencia disparidades que la reforma buscaría equilibrar.
Sheinbaum reconoció que este Plan B no incluye uno de sus objetivos principales: la reducción de privilegios y financiamiento a los partidos políticos a nivel federal. “Seguiremos insistiendo en reducir privilegios a partidos políticos”, afirmó la presidenta, dejando claro que esta batalla se librará en otro momento.
Analistas han caracterizado la propuesta como una medida de austeridad que carga principalmente a estados y municipios, mientras que salva instituciones federales como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La iniciativa deberá ser discutida en el Congreso, donde se espera un debate intenso sobre su impacto en el federalismo y la distribución de recursos públicos.
About The Author
