Por Redacción
Tijuana, 27 de agosto de 2026.- Cinco despachos de cobranza, contratados mediante adjudicación directa o invitación restringida, han recuperado cuentas de usuarios domésticos con un retraso de tres meses, generando ingresos que superan los 400 millones de pesos tan sólo en las cuentas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
Según información del Semanario ZETA, estas cinco empresas se distribuyen prácticamente los sectores de Tijuana y Playas de Rosarito para notificar y dar seguimiento al cobro del recurso hídrico a usuarios exclusivamente domésticos. Por estos servicios, tres de las cinco empresas cotejadas habrían cobrado un monto de 380 millones de pesos en lo que va de la administración, cifra que corresponde entre el 20 y 25 por ciento de la recaudación que se les atribuye.
La investigación señala que dos de estas empresas pertenecen a hijos de José Luis Hernández Silerio, socio del ex secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez. Entre los propietarios identificados figura Josel Hernández Barroso, de la empresa BHA y Asociados, descrito como hermano de Luis Fernando y familiar de José Luis Hernández Silerio.
Los despachos reciben una comisión del 5 por ciento más alta que la que percibía la misma Fisamex. La actual administración ha decidido utilizar un esquema similar al de dicha empresa, pero ampliado a toda la población; la única diferencia señalada es que las comisiones de agua de Baja California utilizaron mecanismos mucho más suaves para evitar reclamos e inconformidad por parte de la ciudadanía.
Este esquema surge mientras la CESPT, dirigida actualmente por Mónica Vega y anteriormente por Víctor Amador Barragán y Jesús García Castro, busca implementar decretos para recuperar hasta 265 mil cuentas rezagadas, lo que representa un estimado del 40 por ciento de usuarios que no pagan. De un total de 750 mil usuarios activos reportados en diciembre de 2025, 664 mil corresponden a usuarios domésticos.
Cabe recordar que el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda criticó e inició investigaciones administrativas y penales contra Fisamex respecto a medidas de extorsión para cobros del 20 por ciento por derechos de conexión al sector industrial y comercial. El abogado Guillermo Rivera, quien combatió mediante amparos los actos de Fisamex durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, refirió sobre este tipo de despachos de cobranza.
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