Por Redacción
Almoloya De Juárez, 22 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) concretó el traslado del contralmirante Fernando Farías Laguna desde Argentina para ingresarlo al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México. El exmando naval, señalado como uno de los líderes de la red de contrabando de combustible denominada ‘Los Primos’, quedó internado en el Centro de Observación y Clasificación (COC) en espera de la fijación de su audiencia de imputación.
La entrega formal se realizó el 20 de agosto de 2026, luego de que las secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina coordinaran su extradición con el gobierno de Argentina. Farías Laguna aterrizó a las 3:00 horas del 21 de agosto de 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tras la certificación médica y los protocolos de la fiscalía, fue trasladado en un helicóptero que aterrizó a las 6:23 horas en el helipuerto del penal federal.
El contralmirante enfrenta cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero. La FGR lo vincula con la dirección de un esquema que defraudó al erario por 177 mil millones de pesos mediante el ingreso ilegal de hidrocarburos por puertos como Tampico y Ensenada. Las indagatorias ministeriales, respaldadas por el testimonio del testigo protegido ‘Santos’, indican que la red cobraba una cuota de un millón 750 mil pesos por cada buque con combustible de contrabando.
Según registros oficiales, Fernando Farías Laguna ostentaba el rango de contralmirante, mientras que su hermano Manuel Roberto poseía el de vicealmirante. El detenido, quien fue dado de baja de la Secretaría de Marina (SEMAR), es sobrino político del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán. Farías Laguna huyó de la justicia mexicana tras no comparecer a audiencias previas en Almoloya, lo que motivó una orden de aprehensión judicial.
Fue capturado el 23 de abril de 2026 en la provincia de Palermo, Buenos Aires, donde utilizaba documentación falsa para ocultar su identidad, situación que inicialmente derivó en una petición de deportación y posterior extradición. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó anomalías que incluyen la adquisición de un vehículo de 1.8 millones de pesos, una póliza de vida por 11 millones y depósitos por 52 millones en casas de apuestas.
La organización criminal involucra a 555 empresas factureras y de transporte, así como la complicidad de elementos de la SEMAR, personal de aduanas y la provisión logística de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación y el del Golfo. La audiencia de imputación podría declararse privada por motivos de seguridad nacional. Mientras tanto, la defensa legal del detenido enfrentará el proceso penal desde el Altiplano y las autoridades continúan la búsqueda del presunto financiero de la red, Roberto Blanco Cantú.
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