Por Redacción
Ciudad De México, 07 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR), ahora encabezada por Ernestina Godoy, detuvo al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero. El arresto ocurrió este 7 de agosto de 2026 y Aguirre está detenido por los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada de personas.
El exmandatario es señalado por ocultar evidencia clave, específicamente videos de cámaras de seguridad, relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La FGR señala a Aguirre de ordenar “una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder”.
Según la investigación, la línea que apuntaba hacia el ocultamiento de dichos videos se mantuvo inmóvil cuando la fiscalía era dirigida por Alejandro Gertz Manero. Sin embargo, en enero de 2026, ya con Ernestina Godoy al frente, apareció un testigo colaborador que confirmó la existencia de las grabaciones y su presunta sustracción por orden de funcionarios estatales.
Posteriormente, en mayo pasado, un segundo testigo protegido indicó que el exgobernador ordenó expresamente desaparecer la evidencia grabada desde las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. Ángel Aguirre fue gobernador de Guerrero durante la noche de los hechos en Iguala.
Este arresto se produce un mes antes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los normalistas. Aguirre se convierte en el segundo exgobernador ligado a la oposición procesado y detenido, después del panista de Baja California, Ernesto Ruffo.
Antecedentes recientes incluyen un encuentro el 24 de agosto de 2025 en Xochistlahuaca, Guerrero, donde la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó un regalo del exgobernador diciendo: “Uy, no, gracias; no recibo regalos de ellos”. Previamente, en septiembre de 2019, Aguirre había participado en una reunión con familiares de los normalistas invitado por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y fue citado por la FGR para declarar en calidad de testigo.
El caso ocurre en medio de una polémica abierta por una nueva recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa, la cual suaviza los señalamientos al Ejército como responsable.
About The Author
