Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó este lunes a las 2:15 de la tarde al penal de máxima seguridad del Altiplano, junto con otros cuatro imputados, tras ser detenido el jueves 16 de julio en Ensenada. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como líder de una organización criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos, esquema que habría causado un daño al erario de más de 4,000 millones de pesos, aunque otras fuentes cifran la afectación en 4,456 millones.
La orden de aprehensión fue librada el 13 de julio de 2026 por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien cambió el criterio de su predecesor, el juez Mario Elizondo Martínez, que había negado la solicitud el 22 de junio. La magistrada giró órdenes contra 25 imputados, incluyendo a Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, por los delitos de delincuencia organizada, un delito en materia de hidrocarburos y contrabando. La investigación tuvo origen en el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo realizado en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, y ha identificado la participación de 70 personas, entre representantes aduanales y servidores públicos.
La audiencia inicial contra Ruffo Appel y otros siete presuntos implicados comenzó la noche del 17 de julio a las 22:00 horas mediante videoconferencia ante la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. El procedimiento se extendió por más de 30 horas, llegando algunos reportes a mencionar una duración de 40 horas. Durante la diligencia, la jueza Ramírez de la Vega dictó prisión preventiva a Ruffo Appel y sus coacusados. En su resolución, la juzgadora concluyó que la participación del exgobernador “no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”.
Mientras Ruffo Appel y otros cuatro fueron enviados al Altiplano, los imputados José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, y Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur. La defensa de los acusados se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá el próximo martes 21 de julio. La empresa Ingemar, de la cual Ruffo es accionista mayoritario, también está vinculada a las investigaciones.
La fiscal Ernestina Godoy afirmó que se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier motivación política en la detención: “Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año”, aseguró, añadiendo que el caso no tiene relación con audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que aún faltan más aprehensiones por cumplimentar.
La detención generó reacciones políticas y familiares. Verónica Ruffo, hija del exgobernador, denunció un “trato indigno y humillante” por parte de la FGR y exigió “la presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”. El PAN pidió legalidad y garantías constitucionales, mientras que Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada calificó el caso como una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”.
Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Gobernación, criticó que la audiencia inicial se desarrollara “a puerta cerrada. Sin prensa, sin público, sin familiares”. “El artículo 20 constitucional ordena que el proceso penal sea público. La ciudadanía no conoce razón alguna para cerrarlo”, afirmó Gil Zuarth, quien exigió transparencia: “Que todas las audiencias del caso Ruffo sean públicas: que veamos las pruebas, que escuchemos a las partes, que miremos al juez de frente”.
About The Author
