• Plantea el senador Corral la posibilidad de posponer la segunda elección judicial hasta 2028
• Asegura que el modelo presenta problemas de fondo
Por Rosario González
El senador de Morena, Javier Corral Jurado, planteó la necesidad de evaluar y corregir la reforma judicial tras su implementación, al reconocer fallas críticas en el nuevo modelo de elección de juzgadores. Asimismo, denuncias provenientes de Chihuahua exhiben posibles efectos adversos, como captura política, justicia selectiva e impunidad.
El legislador sostuvo que, si bien la reforma representa un cambio estructural en el sistema de justicia, su consolidación dependerá de ajustes oportunos que garanticen la selección de perfiles idóneos, con independencia y experiencia técnica.
Como parte de esta revisión, Corral planteó incluso la posibilidad de posponer la segunda elección judicial hasta 2028, con el objetivo de corregir deficiencias detectadas en el primer ejercicio.
De acuerdo con el propio senador y con análisis de especialistas, el nuevo esquema ha presentado problemas de fondo:
• Captura partidista: Se advierte que diversas candidaturas fueron influenciadas por intereses políticos, gobernadores e incluso recursos económicos, dejando de lado criterios meritocráticos.
• Uso de “acordeones”: La complejidad del proceso electoral llevó a que votantes recurrieran a listas inducidas, lo que favoreció a perfiles vinculados a partidos políticos.
• Falta de experiencia: Se detectó que varios jueces, magistrados y ministros electos carecen de trayectoria jurisdiccional sólida.
• Riesgos a la independencia judicial: Organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han advertido que la elección directa puede comprometer la imparcialidad del Poder Judicial y generar incertidumbre, incluso en materia de inversión.
Uno de los casos señalados es el del Poder Judicial de Chihuahua, donde el nuevo modelo aún no logra consolidarse y, según denuncias, persisten prácticas de impunidad y presunta manipulación judicial.
Al Senado acudió un grupo de denunciantes que solicitó el anonimato para exponer lo que consideran irregularidades en el funcionamiento del sistema judicial estatal. Presentaron casos que califican como emblemáticos.
Uno de ellos es el del diputado Guillermo Ramírez, cuyo hermano, Fernando Ramírez Gutiérrez —acusado de tentativa de homicidio contra el ganadero Eloy Soto Payán— fue liberado luego de que la magistrada María Elizabeth Macías Márquez revocara el auto de vinculación a proceso, decisión que generó inconformidad entre los denunciantes.
Los quejosos también denunciaron la existencia de una presunta red de irregularidades dentro del sistema judicial estatal. Señalaron al fiscal de la zona centro, Heliodoro Araiza, de operar expedientes desde un despacho alterno.
Aseguraron que el funcionario actúa en coordinación con María Angélica Giner, titular de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, quien —según las acusaciones— utilizaría mecanismos de presión contra imputados.
En este entramado también mencionaron al magistrado Gerardo Acosta, a quien atribuyen decisiones sesgadas desde el tribunal, así como a la fiscal Karen Ivette Estrada, por presuntamente tergiversar audiencias.
Asimismo, acusaron que Leo Luna, jefe de la Unidad del Sistema Penal Acusatorio, intervendría en la asignación de casos junto con el propio Acosta, lo que permitiría una “justicia selectiva”.
Los inconformes exigieron una revisión profunda del sistema judicial estatal, al advertir que estas irregularidades afectan a ciudadanos inocentes.
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