Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzadas, mientras que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de forma urgente la situación a la Asamblea General.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que se trata de un informe tendencioso, parcial y sesgado. El gobierno mexicano acusó que el documento se presentó con omisión y que no consideró los esfuerzos institucionales ni la información actualizada que proporcionó el Estado el 27 de marzo, antes de la publicación del documento.
El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU rechazó estudiar la información actualizada sobre las reformas impulsadas en 2019 y 2025. El gobierno argumentó que el procedimiento aplicado por el Comité está diseñado para contextos donde las cifras de desaparecidos son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo cual no corresponde a la realidad actual del país.
Por su parte, el CED publicó su decisión el 2 de abril de 2026. Según el organismo, la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. El Comité señaló que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en distintas partes del territorio nacional.
El gobierno de México reclamó que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y criticó que se limita a cuatro entidades. No obstante, el CED documentó que en Jalisco, donde el colectivo Guerreros Buscadores localizó un centro de adiestramiento, desaparición y exterminio operado por grupos criminales en el Rancho Izaguirre, las autoridades están relacionadas con los casos registrados.
México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones en el mundo, con 819. De estas, 40 ocurrieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026. La organización civil Idheas señaló que ese escenario revela fallas estructurales en los sistemas de búsqueda implementados por el Gobierno.
El gobierno mexicano citó que el propio informe reconoce que no existen indicios de una política federal orientada a cometer este tipo de violaciones. En contraste, Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, afirmó que el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno.
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