Los Ángeles, 31 de marzo de 2026.- El Gobierno de México inició una ofensiva legal y diplomática para exigir explicaciones a Estados Unidos sobre las condiciones en los centros de detención migratoria, tras confirmarse la muerte reciente de un connacional bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración agotará todas las vías para exhibir la crisis de derechos humanos en estas instalaciones.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que, desde el segundo mandato de Donald Trump, se tienen registradas 14 muertes de mexicanos en centros gestionados por el ICE. En el centro de detención de Adelanto, California, administrado por la empresa privada GEO Group, se han registrado al menos tres fallecimientos recientes, aunque la causa legal no se ha establecido oficialmente y se suponen complicaciones médicas.
Como parte de la estrategia jurídica, la Cancillería mexicana activó protocolos para sumarse como amicus curiae en la demanda colectiva L.T. Mesrobian, presentada por la organización Public Counsel en Los Ángeles. La figura permitirá a México intervenir en el caso para aportar argumentos sobre lo que considera condiciones violatorias de derechos humanos dentro del centro de Adelanto.
En el ámbito internacional, el Ejecutivo federal llevará la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde solicitará una audiencia temática para exponer las presuntas violaciones, particularmente por la deficiente atención médica. Asimismo, la SRE enviará cartas de protesta a legisladores federales de Estados Unidos exigiendo una investigación exhaustiva.
Este martes, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, abordará el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson. Paralelamente, funcionarios mexicanos sostendrán reuniones en Los Ángeles con familiares de las víctimas y organizaciones como la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes para detonar apoyo a nivel comunitario.
La demanda documenta un patrón de abusos que incluye negación de atención médica crítica, nutrición inadecuada y confinamiento solitario. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional rechazó las acusaciones afirmando que los estándares son adecuados, la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva Ruiz, calificó la tendencia de fallecimientos como “inaceptable” para la protección de los mexicanos en el exterior.
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