Tijuana, 30 de marzo de 2026.- El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California sancionó al exgobernador Jaime Bonilla Valdez por violencia política en razón de género contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. La resolución determina que el exmandatario sea inscrito en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y deberá cumplir medidas de reparación.
La sanción también alcanza a Alejandro Moreno Berry y al Partido del Trabajo, quienes fueron señalados por emitir declaraciones durante las denominadas ‘Jornadas por la Paz’ que vulneraron la investidura de la mandataria estatal. Sobre el conflicto entre el exgobernador, vinculado a proceso por el caso Next Energy, y la actual gobernadora, Catalino Zavala Márquez, vocero estatal de MORENA, declaró: “Para MORENA no hay afectación; se trata de una circunstancia propia de este movimiento que promueve que nadie esté por encima de la ley y que los procesos relacionados con el cuidado de los recursos públicos se realicen con honestidad”.
En materia de seguridad, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California inició una carpeta de investigación tras el asesinato de Arturo Rivera, vocalista de Grupo Reacción. El hecho ocurrió la madrugada del 29 de marzo de 2026 en un salón de fiestas en Ciudad Jardín, Tijuana, donde la agrupación fue contratada para un cumpleaños. Según los hechos extraídos, el festejado fue quien disparó contra los músicos, provocando la muerte de Rivera e hiriendo a Raúl Garay, segunda voz del grupo.
Simultáneamente, en el Valle de la Trinidad, en Ensenada, autoridades localizaron a cuatro personas sin vida en el cruce de la calle Peña Blanca y Calzada de las Águilas, a un costado del mercado Los Reyes. En esa misma agresión armada, una persona más resultó lesionada en un brazo y se trasladó por sus propios medios a la ciudad de Ensenada para recibir atención médica.
Por otro lado, un juez de control determinó prisión preventiva oficiosa y justificada contra Sandra Urbino Toro y su esposo, Miguel Ángel Toro, imputados por los delitos de despojo, extorsión agravada y asociación delictuosa. Se indica que presuntamente formaban parte de un cártel inmobiliario liderado por los abogados Christian Pablo López Ortiz y Emmanuel Aurelio Valdez López, al que se le atribuye el despojo de 51 inmuebles en el fraccionamiento Laderas del Mar, en Playas de Tijuana.
En Mexicali, la FGE informó la detención y vinculación a proceso de Humberto ‘N’, de 24 años, por el delito de violación equiparada agravada, al presuntamente abusar sexualmente de su sobrina de cuatro años. Se le impuso prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.
En el ámbito legislativo, el Congreso de Baja California aprobó de forma unánime una iniciativa de reforma al Código Penal en materia de cohabitación forzada. Con esta medida se prohíben los matrimonios infantiles, estableciendo una pena de cinco a ocho años de prisión. Vanessa García explicó: “La cohabitación forzada es cuando una persona mayor de edad, ya sea hombre o mujer tenga una unión con un menor de edad ya sea niño o niña, es un abuso, es violación, es truncar sus estudios, son muchas características las que afecta un menor”.
Finalmente, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que concluyeron los trabajos de reparación en el acueducto Planetario–Las Ferias, por lo que el servicio de agua potable comienza a restablecerse gradualmente en las 386 colonias de Tijuana y Playas de Rosarito que resultaron afectadas por actos de vandalismo en una válvula.
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