Ciudad De México, 29 de marzo de 2026.- La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) confirmaron un paro nacional programado para el 6 de abril de 2026, con el objetivo de protestar por la inseguridad, los robos, los homicidios y las extorsiones que afectan al sector en las carreteras del país. La movilización busca presionar ante la falta de proyectos institucionales que resuelvan la violencia que enfrentan diariamente los trabajadores del transporte y del campo.
David Estévez Gamboa, dirigente de la ANTAC, explicó que la fecha fue elegida deliberadamente para no interferir con el periodo vacacional de Semana Santa, durante el cual se registra un mayor flujo de viajeros. “Queremos que la gente pueda salir a vacacionar; no somos inconscientes. Pero después, el 6 de abril, tenemos la necesidad de manifestarnos”, afirmó el líder transportista en un videomensaje, donde también llamó a paralizar “todo absolutamente todo” como medida de presión.
En su declaración, Estévez Gamboa denunció que entre 35 y 40 transportistas son víctimas de un delito cada día en las vías nacionales. El dirigente señaló que, aunque agradeció la labor de algunos funcionarios de la Secretaría de Gobernación como interlocutores, no identifican claridad ni interés real para resolver la problemática. “La inseguridad sigue a todo lo que da, la corrupción sigue a todo lo que da”, enfatizó.
El líder de los transportistas criticó específicamente la permanencia de los retenes en las carreteras, argumentando que en lugar de brindar seguridad, estos espacios se han convertido en puntos de extorsión. “No han retirado los retes que tanto daño te han hecho a ti, compañero, que llegas a esos lugares y en lugar de darte la seguridad, la certeza de que trabajes bien, te empiezan a esculcar papeles y papeles para extorsionarte”, detalló Estévez Gamboa sobre la situación que viven los operadores al llegar a dichos controles.
Esta convocatoria retoma una disputa que ya había paralizado vías en al menos 25 estados en noviembre de 2025, generando entonces un enfrentamiento político entre el Gobierno Federal y la oposición. Las organizaciones mantienen sus demandas centradas en el fin de las extorsiones y robos, así como en la necesidad de certeza jurídica y seguridad para operar en las carreteras mexicanas sin ser víctimas de delitos constantes.
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