Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la detención de ocho personas, entre ellas Jesús Mendoza Castillo, alias “El Gallo”, “Licenciado” o “Serrucho”, identificado como presunto líder de la organización criminal Cárteles Unidos. El operativo, realizado en coordinación con el Gabinete de Seguridad, incluyó la ejecución de nueve órdenes de cateo en los estados de Michoacán y Puebla.
De acuerdo con la información oficial, las diligencias se llevaron a cabo en los municipios de Tancítaro, Uruapan y Apatzingán, en Michoacán, así como en Santa María La Alta, Puebla. Durante estas acciones, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguraron a Mendoza Castillo y a otros siete individuos: Uziel Morales Baltazar, José Alfonso Castillo Sánchez, Jaime Sánchez Soriano, Bulmaro Mendoza Castillo, Agustín Felipe López Morales, Flavio Eduardo Sánchez Zamora y Joaquín Sánchez Sánchez.
Ulises Lara López, vocero de la FGR, detalló en una videoconferencia que la investigación reveló que esta organización criminal transnacional se dedicaba al tráfico de narcóticos, armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades establecieron que la ruta de tráfico del grupo abarcaba desde México hasta Kansas City, Estados Unidos, donde se distribuía la droga.
Para lograr estas detenciones, la dependencia ministerial desarrolló trabajos de inteligencia que incluyeron análisis de información, consulta de bases de datos nacionales e internacionales, monitoreo de comunicaciones autorizado, seguimiento en redes digitales y georreferencias. Estas labores permitieron identificar a los posibles integrantes, sus zonas de operación y sus vínculos financieros y logísticos.
Como resultado de los cateos, las autoridades aseguraron inmuebles utilizados por la célula criminal, así como armas de fuego largas y cortas, cargadores, cartuchos, probable narcótico y dinero en efectivo. La FGR indicó que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su sujeción a proceso penal, aunque no se especificaron los cargos formales ni la situación jurídica definitiva de cada uno al momento del anuncio.
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