Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma electoral conocida como Plan B con 87 votos a favor y 41 en contra, tras excluir la modificación al artículo 35 constitucional que habría adelantado la consulta de revocación de mandato a 2027. La votación se llevó a cabo en la Ciudad de México el 25 de marzo de 2026, con el respaldo de la coalición integrada por Morena, PT y PVEM, aunque con disidencias internas.
La reforma contempla la modificación de 103 artículos de la Constitución distribuidos en 46 decretos, con énfasis en la limitación a 15 regidurías y la reducción de bonos y prestaciones a funcionarios de los organismos electorales. Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, participó en el proceso legislativo junto con Alberto Anaya, senador y líder del PT, y Waldo Fernández, senador del PVEM.
El proceso legislatuvo enfrentó tensiones al interior de la coalición oficialista debido a la resistencia del Partido del Trabajo a la modificación del artículo 35 constitucional. Para preservar la alianza entre Morena, PT y PVEM, se retiró dicho artículo del paquete reformista antes de la votación final en el Senado.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre el resultado del proceso legislativo, vinculando el rechazo a la reforma de revocación de mandato con la posición de los partidos aliados respecto a la posible aparición de su figura en la boleta electoral de 2027. Esta decisión mantiene el calendario original para el mecanismo de participación ciudadana.
En el PVEM se registraron posiciones divergentes durante el debate. Mientras Waldo Fernández se declaró a favor de la reforma, el senador Luis Melgar votó en contra del paquete electoral, evidenciando diferencias al interior del partido verde sobre los alcances de la modificación constitucional.
Los partidos de oposición, incluyendo el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, sumaron los 41 votos en contra de la iniciativa. La reforma aprobada entra en vigor tras cumplir con el proceso de validación correspondiente en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Con esta aprobación, el gobierno federal avanza en su agenda de transformación electoral sin incluir el mecanismo de revocación de mandato anticipada. Los efectos de la limitación de regidurías y la reducción de prestaciones en el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales comenzarán a implementarse en el próximo ciclo electoral.
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