Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma constitucional para establecer un tope a las pensiones del personal de confianza en el sector público, con 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones. La iniciativa, que modifica el artículo 127 de la Constitución, fue turnada previamente por la Cámara de Diputados, donde obtuvo 458 votos a favor sin votos en contra ni abstenciones.
La disposición establece que las pensiones y jubilaciones de los servidores públicos de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, sociedades nacionales de crédito, fideicomisos públicos y otros entes, no podrán exceder la mitad de la remuneración anual del titular del Ejecutivo federal. Con base en los ingresos actuales de la presidencia, el límite se fija en aproximadamente 70,000 pesos mensuales.
La reforma fue impulsada directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de las políticas de austeridad y eliminación de privilegios en la administración pública. Pedro Haces Barba, diputado morenista, defendió la medida como una corrección necesaria a esquemas de jubilación que consideró excesivos y desvinculados de la realidad económica del país.
Pese a las críticas internas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció su voto a favor en ambas cámaras. Rubén Moreira, coordinador parlamentario del tricolor, expresó inconformidad por omisiones en el texto legal y advirtió sobre el riesgo de que la medida tenga efectos retroactivos, aunque su fracción finalmente apoyó la aprobación.
La posibilidad de una aplicación retroactiva ha generado movilizaciones de grupos de jubilados y pensionados. En Baja California, manifestantes se concentraron frente al Congreso local, mientras que en la Ciudad de México hubo protestas en los accesos al Palacio Legislativo. Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, manifestó su rechazo a la reforma por el impacto que podría tener en los derechos adquiridos de los trabajadores retirados.
Con la aprobación en el Senado, la reforma constitucional queda lista para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor, salvo que se promuevan acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El debate ahora se centra en los reglamentos secundarios que definirán la implementación específica y el alcance temporal de la nueva normativa.
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