Ecatepec, 27 de marzo de 2026.- Entre el 13 y el 20 de marzo, autoridades del Estado de México ejecutaron una serie de operativos de inspección que resultaron en la clausura o aseguramiento de 53 centros de rehabilitación para adictos, conocidos como anexos, ubicados principalmente en los municipios de Ecatepec y Naucalpan. La acción forma parte de la Estrategia Integral para la Regularización de Centros de Rehabilitación ordenada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien instruyó a las dependencias estatales para verificar el cumplimiento de requisitos legales y sanitarios en estos inmuebles.
Durante las visitas de verificación realizadas por elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como autoridades sanitarias y de protección civil, se inspeccionaron un total de 94 establecimientos. De este universo, 53 fueron intervenidos debido a irregularidades graves: 29 se encuentran en Ecatepec y 24 en Naucalpan. En estos lugares se reportaron condiciones de hacinamiento, insalubridad, almacenamiento de alimentos en mal estado y carencia de personal capacitado para la atención de pacientes.
Como resultado de los operativos, se logró la localización de 1,599 personas que permanecían en los centros clausurados. De acuerdo con el reporte oficial, 1,518 individuos fueron reintegrados con sus familias, mientras que 80 personas requirieron ser trasladadas a centros certificados para continuar su tratamiento bajo condiciones adecuadas. Asimismo, se registró un caso de externación voluntaria. La intervención contó con la coordinación de la Mesa de Paz, la Coprisem, la Comisión de Búsqueda de Personas y el DIF estatal.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que los anexos asegurados presentaban posibles vínculos con la comisión de delitos graves. Las investigaciones preliminares señalan indicios de privación ilegal de la libertad, así como violencia física y psicológica contra los internos. Además, las autoridades indicaron que algunos de estos inmuebles funcionaban como refugio para grupos delictivos o puntos de venta de drogas, donde se obligaba a los pacientes a participar en actividades ilícitas.
En el marco de estas acciones, ocho trabajadores de los centros intervenidos fueron detenidos. Aunque la investigación continúa para determinar los cargos formales, la Fiscalía menciona su probable participación en delitos como secuestro y privación de la libertad. Estas detenciones reflejan el componente penal del operativo, que busca no solo cerrar establecimientos irregulares, sino perseguir a las redes criminales que operan bajo la fachada de centros de rehabilitación.
La estrategia implementada por el gobierno estatal busca poner fin a la operación de sitios que lucran con la salud de las personas sin ofrecer garantías mínimas de seguridad o tratamiento profesional. La coordinación entre los tres niveles de gobierno permitió identificar y actuar contra inmuebles que operaban al margen de la ley, afectando a miles de familias en la zona metropolitana del Valle de México.
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