Torreón, 27 de marzo de 2026.- Afectados por un presunto fraude inmobiliario se manifestaron frente a las instalaciones de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir celeridad en las investigaciones, en medio de versiones contradictorias sobre el avance real de los procesos legales. Mientras las víctimas reportan nula actuación y solo dos casos judicializados de 60 denuncias, la autoridad fiscal afirma contar con 12 órdenes de aprehensión giradas y la detención de al menos dos mujeres involucradas.
El delegado regional de la FGE, Carlos Rangel, informó que se ha establecido una estrategia de atención directa con más de 20 sesiones de trabajo y que la mayoría de las carpetas de investigación ya están integradas y judicializadas. Según el funcionario, el daño patrimonial reportado asciende a cerca de 19 millones de pesos y se han logrado capturar a dos presuntas responsables, además de la reaprehensión de otra implicada que había sido liberada previamente en tres ocasiones.
En contraste, Alfonso Serrano, uno de los afectados agrupados inicialmente en 27 personas, acusó al fiscal general Federico Fernández Montañez de negarles atención adecuada. El denunciante señaló que, pese a ser citados a las 9:00 horas, fueron atendidos hasta las 19:00 horas sin resultados concretos, y que el funcionario no responde a las llamadas realizadas a un número personal proporcionado. Serrano sostuvo que las órdenes de aprehensión carecen de utilidad si no se ejecutan efectivamente.
De acuerdo con reportes periodísticos sobre el caso, conocido como el ‘Cártel Inmobiliario’, uno de los principales actores, el exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, habría huido a España, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía. Las víctimas también denuncian que uno de los implicados ha sido detenido y liberado en múltiples ocasiones, lo que alimenta su percepción de tortuguismo en el proceso.
La tensión entre las partes se hizo evidente durante la manifestación, donde los afectados bloquearon parcialmente la circulación en las inmediaciones de la delegación fiscal para visibilizar su demanda de justicia. La FGE mantiene que los acuerdos reparatorios son mecanismos legales válidos cuando cuentan con la aceptación de la víctima, postura que contrasta con la exigencia de castigo penal por parte del grupo de denunciantes.
Hasta el momento, persisten discrepancias sobre el número exacto de personas localizadas y el estatus final de las investigaciones, mientras la sociedad laguna espera definiciones claras ante un caso que ha generado un significativo impacto económico en la región.
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