Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó una iniciativa de Ley General contra el Feminicidio que propone establecer un tipo penal único a nivel nacional y sanciones de entre 40 y 70 años de prisión para este delito. La medida tiene como objetivo principal homologar los criterios de actuación en todas las fiscalías del país para evitar la impunidad y la discrecionalidad en las investigaciones.
De acuerdo con los planteamientos de la propuesta, el Ministerio Público tendrá la obligación legal de investigar de inicio cualquier muerte violenta de una mujer bajo la tipificación de feminicidio, sin esperar a que se acumulen pruebas o indicios adicionales para cambiar la carátula del delito. Esta disposición busca cerrar las brechas procesales que actualmente permiten que casos sean tratados como homicidios simples desde el arranque de las averiguaciones.
La iniciativa también contempla la creación de un registro nacional de orfandad destinado a dar seguimiento y protección a los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio. Con esto, se pretende garantizar derechos específicos para los menores que quedan en situación de vulnerabilidad tras el asesinato de sus madres, integrando una perspectiva de reparación del daño más allá del castigo penal.
En la presentación de los lineamientos participaron funcionarios clave para la operación de la justicia de género, incluyendo a Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Ernestina Godoy, fiscal general de la República, e Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres. La presencia de estos titulares refleja la coordinación interinstitucional requerida para la aplicación de la ley en los ámbitos judicial, ministerial y de políticas públicas.
El endurecimiento de las penas, que podrían alcanzar hasta siete décadas de cárcel, representa un incremento significativo en la severidad del castigo comparado con las legislaciones locales dispares que operan actualmente en las entidades federativas. La propuesta legislativa se enfoca en unificar el marco jurídico para que la gravedad del delito sea reconocida y sancionada con el mismo rigor en todo el territorio mexicano.
Aunque la investigación señala que aún no se ha especificado la fecha exacta de envío formal al Senado ni el número de registro de la iniciativa, el ejecutivo federal ha marcado como prioridad la discusión de este ordenamiento. La estrategia gubernamental busca que la nueva ley no solo modifique el Código Penal Federal, sino que establezca protocolos obligatorios de actuación para las autoridades encargadas de impartir justicia en casos de violencia extrema contra las mujeres.
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