Nuevo México, 25 de marzo de 2026.- Un jurado condenó a Meta, empresa propietaria de Facebook e Instagram, a pagar 375 millones de dólares en daños tras un juicio de seis semanas en el que se determinó que la plataforma no protegió adecuadamente a los menores de edad. La fiscalía del estado de Nuevo México acusó a la compañía de ocultar hallazgos internos sobre los riesgos que sus servicios representan para los jóvenes y de utilizar algoritmos que dirigían a adultos hacia contenido publicado por usuarios adolescentes.
Durante el proceso legal, que incluyó la presentación de 40 testigos, se exhibieron cientos de documentos, informes y correos electrónicos como pruebas de las prácticas de la empresa. Linda Singer, abogada de la fiscalía, argumentó que los sistemas de recomendación de Meta facilitaban la exposición de menores a peligros, mientras la compañía aseguraba trabajar para mantener la seguridad en sus plataformas.
Tras conocerse el veredicto, un portavoz de Meta emitió una declaración indicando que la empresa respetuosamente no está de acuerdo con la decisión del jurado y confirmó que presentará una apelación. La compañía mantiene que es compleja la identificación y eliminación de actores malintencionados en sus redes, postura que contradice las acusaciones de ocultamiento de información sobre riesgos específicos para la infancia.
Este caso destaca por ser uno de los primeros relacionados con la seguridad infantil en redes sociales que llega a un veredicto final emitido por un jurado, estableciendo un precedente legal sobre la responsabilidad corporativa en la protección de datos y la integridad de los usuarios menores de edad. La cifra de 375 millones de dólares, aunque significativa, fue descrita en el contexto del juicio como notoriamente inferior a lo que se podría haber solicitado inicialmente.
La condena obliga a Meta a compensar al estado de Nuevo México por los daños causados debido a la falta de protección adecuada en sus algoritmos y políticas de moderación de contenido. El resultado del juicio pone de manifiesto la tensión entre las operaciones de las grandes tecnológicas y las regulaciones estatales enfocadas en la seguridad digital de la población adolescente.
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