Matehuala, 25 de marzo de 2026.- El gobierno de San Luis Potosí confirmó la detención de un funcionario de seguridad del municipio de Matehuala, cuya presunta participación está siendo investigada en relación con la privación ilegal de la libertad de siete electricistas que fueron reportados como desaparecidos y posteriormente localizados con vida. Las autoridades estatales indicaron que la captura forma parte de las indagatorias abiertas tras los hechos ocurridos en la región del Altiplano potosino.
Existen discrepancias en los reportes de medios y versiones extraoficiales respecto a la identidad y el cargo exacto del detenido. Algunas fuentes identifican al funcionario como Jorge Peña, comandante o director de la Policía Municipal de Matehuala, mientras que otras lo señalan como Jorge Eduardo ‘N’, secretario de Seguridad Pública del mismo municipio. Hasta el momento, no se ha esclarecido oficialmente si se trata de la misma persona con diferentes cargos reportados o de dos funcionarios distintos involucrados en el caso.
De acuerdo con la información disponible, los siete trabajadores del sector eléctrico, originarios del municipio de Cárdenas, habían llegado a Matehuala el 16 de marzo para realizar labores en distintos puntos de la región. Su desaparición activó protocolos de búsqueda y un operativo interinstitucional que permitió su localización días después. Uno de los afectados relató que durante su cautiverio les informaron que serían obligados a integrarse a una organización criminal, expresando su temor de no volver a ver a sus familias.
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Carmona, confirmó que se reunió con las siete víctimas en los límites de Matehuala antes de que se reencontraran con sus familias, asegurando que se brindó acompañamiento integral durante el proceso. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades específicas y el grado de participación de los elementos de seguridad detenidos en estos hechos.
Este caso se suma a otros eventos recientes que ponen bajo escrutinio a las corporaciones de seguridad en la zona, evidenciando la preocupación por la posible infiltración del crimen en instituciones municipales. Mientras la Fiscalía General del Estado avanza en la integración de la carpeta de investigación, se mantiene la incertidumbre sobre los detalles precisos de la detención y los cargos formales que se imputarán al funcionario identificado con nombres divergentes en los reportes.
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