Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en la firma de un contrato irregular para la construcción de una planta fotovoltaica. La decisión judicial se tomó tras una audiencia que inició a las 09:23 horas del 23 de marzo, donde la Fiscalía General del Estado de Baja California presentó los elementos necesarios para abrir una investigación formal en contra del exmandatario.
El magistrado Gerardo Anguiano Ceja fue quien resolvió la situación jurídica de Bonilla, determinando que existen indicios suficientes para investigar el caso. El contrato en cuestión, suscrito durante la administración de Bonilla, establecía un compromiso por 4,500 millones de pesos a un plazo de 30 años con la empresa contratista Next Energy. Según los datos aportados en el proceso, la compañía recibió un pago inicial de 123 millones de pesos, pero nunca llevó a cabo la construcción de la infraestructura energética prometida.
Durante la audiencia, la defensa del exgobernador, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó argumentos para contrarrestar las acusaciones de la fiscalía. Aunque las líneas argumentativas específicas no fueron detalladas en los registros públicos disponibles, el equipo legal buscó impugnar la imputación de corrupción. La resolución del juez implica que Bonilla deberá enfrentar el proceso penal por estos hechos mientras se recaban más pruebas.
Este caso jurídico se desarrolla en un contexto de tensión política entre el exgobernador y la actual titular del ejecutivo estatal, Marina del Pilar Ávila. Bonilla, quien gobernó la entidad entre 2019 y 2021 bajo la bandera de Morena, actualmente se desempeña como dirigente del Partido del Trabajo (PT). La investigación sobre el contrato de la planta solar marca un nuevo capítulo en las discrepancias entre la administración actual y la anterior.
La vinculación a proceso representa un paso crítico en el sistema de justicia mexicano, pues indica que la autoridad judicial considera fundadas las sospechas de comisión de delitos. A partir de esta etapa, la Fiscalía tendrá un plazo constitucional para integrar la investigación y presentar su teoría del caso de manera más robusta, mientras la defensa podrá seguir ofreciendo pruebas para la abseución del acusado.
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