Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, responsable confeso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, al considerar que se trata de un asunto de Estado que no puede cerrarse con dicha medida jurídica. La declaración se produce a 32 años del crimen, en un contexto donde persiste la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen, por su presunta participación como un segundo tirador.
Por su parte, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de la víctima, ha solicitado públicamente el indulto para Aburto Martínez. Según reportes, el legislador argumenta que la presidenta tiene la facultad constitucional para conceder la clemencia, pero le falta la voluntad política para hacerlo, marcando una discrepancia con la postura ejecutiva que ve en el caso una materia que trasciende la decisión individual de perdón.
La controversia se intensifica respecto al estado de la investigación sobre la teoría del segundo tirador. Colosio Riojas afirmó que esta hipótesis no es nueva y que la persona implicada ya había sido identificada hace tres décadas, lo que contrasta con la narrativa de la FGR, que mantiene activa la indagatoria y ha presentado pruebas recientes en el proceso contra Sánchez Ortega. El senador ha acusado indirectamente una politización del caso, aunque no se cuenta con una respuesta formal de la Fiscalía o del Poder Judicial ante dichas afirmaciones.
En el ámbito judicial, la apelación presentada por la defensa de Jorge Antonio Sánchez Ortega lleva cuatro meses sin desahogarse, desde noviembre de 2025. Este retraso procesal ocurre mientras se debate públicamente la posibilidad de cerrar el capítulo histórico del magnicidio mediante un indulto, opción que la titular del Ejecutivo ha descartado de plano al mantener la postura de que la verdad completa del crimen es una deuda pendiente con la sociedad mexicana.
La divergencia de visiones entre el gobierno federal y la familia Colosio pone de manifiesto la complejidad política y legal que rodea al caso a más de tres décadas de su comisión. Mientras la presidenta Sheinbaum enfatiza la naturaleza de Estado del crimen para justificar la continuidad de las investigaciones, el senador Colosio Riojas busca alternativas jurídicas para concluir la situación penal de Aburto Martínez, en un escenario donde la justicia sobre la autoría intelectual y material completa sigue siendo objeto de debate y acción fiscal.
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