Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México mostró este fin de semana sus múltiples facetas con el hallazgo de restos humanos en Sonora y Jalisco, la liberación de siete electricistas en San Luis Potosí y nuevas denuncias de hostigamiento contra defensores de derechos humanos, evidenciando la gravedad del fenómeno y la respuesta desigual de las autoridades.
En Hermosillo, Sonora, la madre buscadora Ceci Flores aseguró haber localizado los restos de su hijo en la carretera 26, kilómetro 46, un hallazgo que se suma a la lista de descubrimientos realizados por familiares que han tenido que asumir la búsqueda ante la inacción institucional. Simultáneamente, en Tequila, Jalisco, Ivonne Gutiérrez, coordinadora del colectivo Buscando Corazones, denunció el hallazgo de restos óseos calcinados y posibles indicios de disolución con ácido en el cerro del Totole, criticando que las autoridades no mantienen resguardado el sitio donde se encontraron crematorios clandestinos y objetos personales.
La violencia contra quienes documentan estos casos también se hizo presente. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova denunció un segundo allanamiento y robo en sus instalaciones en Tapachula, Chiapas, ocurrido el 22 de marzo, señalando un riesgo inminente para su personal y la inacción de las autoridades para prevenir estos ataques. Estas agresiones se suman a las intimidaciones reportadas contra el periodista Rolando Sánchez Quintero, quien cubre temas de seguridad en la región.
Mientras los colectivos enfrentan amenazas, en San Luis Potosí se registró un desenlace positivo tras la desaparición de siete electricistas en Matehuala. Un trabajador que prefirió no revelar su identidad informó a medios que el grupo fue interceptado por un grupo criminal con el fin de reclutarlos forzoso, permaneciendo retenidos más de dos días antes de ser localizados con vida. Para su rescate, se desplegó un operativo con 600 agentes en la entidad.
En contraste con la gravedad de los hallazgos forenses y los secuestros, el Gabinete de Seguridad emitió un comunicado afirmando que todas las personas reportadas como no localizadas en Quintana Roo entre el 6 y el 13 de marzo se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito, una declaración que contrasta con la percepción de crisis reportada por organizaciones civiles. Por otro lado, en Torreón, Coahuila, Cristian Castro Cigala, representante del colectivo de Familias por Policías Municipales Desaparecidos, informó que las pláticas con el Ayuntamiento para acceder a pensiones han sido frustradas porque el municipio argumenta que no existe una forma jurídicamente posible para integrarlos al fondo.
Estos eventos ocurren en un contexto donde Yucatán registra 297 personas desaparecidas hasta finales de 2025 y se mantienen activas 20 solicitudes de Alerta Amber en Quintana Roo atendidas por autoridades. La disparidad entre los hallazgos de fosas clandestinas, la liberación de secuestrados y las negaciones oficiales subraya la complejidad de la emergencia de desapariciones que atraviesa el país.
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