Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Vivienda con 354 votos a favor y 95 en contra, en una sesión celebrada este 24 de marzo en la capital del país, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer cifras sobre sus donativos a instituciones educativas y de justicia, al tiempo que surgieron cuestionamientos por la asignación de recursos para eventos sindicales.
La modificación legislativa busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada y fue impulsada en un contexto donde más del 55% de la población ocupada en México labora en el sector informal. Aunque la presidenta de la Comisión de Vivienda, Maribel Martínez Ruiz, estuvo presente en el proceso, la investigación no registra declaraciones específicas de su parte sobre los detalles de la votación o las modificaciones rechazadas en lo particular.
En el ámbito judicial, la SCJN reportó que en 2024 donó 7 millones de pesos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 3.4 millones a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. En total, el tribunal ha destinado 32.5 millones de pesos en los últimos años para fines similares. Sin embargo, se identificó una contradicción en la gestión presupuestal: para 2025, el tribunal canceló los donativos para becas de la UNAM y la asociación citada por falta de presupuesto, pero en ese mismo ejercicio autorizó 1.5 millones de pesos para el Sindicato del Poder Judicial con el fin de realizar eventos.
Entre 2021 y 2024, la SCJN destinó 10.2 millones de pesos a gastos relacionados con el sindicato. Hugo Aguilar Ortiz, presidente del máximo tribunal, ha señalado que, a pesar de las reformas legales y los convenios firmados para fortalecer la justicia con perspectiva de género, aún no se ha alcanzado la equidad real entre hombres y mujeres en el país. Datos del sistema judicial muestran que en Quintana Roo, 62 de los 117 cargos judiciales son ocupados por mujeres.
Paralelamente, en el sector de desarrollo urbano, el proyecto Viviendas del Bienestar en San Pedro contempla la construcción de 2,490 casas. Esta iniciativa se lleva a cabo con la participación de actores como Infonavit, encabezado por Octavio Romero Oropeza, y la Central de Trabajadores de México (CTM) de Tereso Medina, aunque la investigación no especifica el nombre de la empresa constructora responsable ni la fecha exacta de inicio de las obras.
La agenda legislativa y judicial también incluyó movimientos en gobiernos locales. En la Alcaldía La Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida mantiene actividades administrativas, mientras que en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada Diana Sánchez Barrios participa en discusiones sobre temas sociales. Asimismo, la Arquidiócesis de México y la Secretaría de las Mujeres, dirigida por Citlali Hernández Mora, son actores relevantes en el debate público actual, aunque no se detallan posturas específicas de sus representantes en este reporte.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también forma parte de esta dinámica institucional, con la magistrada Mónica Soto Fregoso entre sus integrantes. Las acciones combinadas de estos organismos reflejan una política descentralizada que busca avanzar en derechos sociales, aunque persisten tensiones respecto a la transparencia y priorización del gasto público en instituciones clave como la SCJN.
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