Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados tiene programado sesionar después del receso de Semana Santa para analizar la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y senador, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche de presunto peculado y ejercicio indebido del servicio público por 83 millones de pesos.
Hugo Eric Flores, diputado morenista y presidente de la Comisión Instructora, confirmó que el órgano legislativo deberá emitir su dictamen antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias. El legislador indicó que la sesión se llevará a cabo tras el descanso vacacional, con el objetivo de no entorpecer la discusión de la reforma electoral conocida como “Plan B”.
La acusación formal fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, la cual imputa a Moreno Cárdenas responsabilidades por el desvío de recursos durante su gestión. Este proceso jurídico se suma a un contexto de cuestionamientos administrativos previos relacionados con su paso por la gubernatura de ese estado entre 2015 y 2019.
Organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han señalado que, en enero de 2022, aún permanecían pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes al ejercicio fiscal de 2018. Dichas cifras representaban el 98 por ciento del total de las irregularidades detectadas en aquel periodo, que originalmente ascendían a 3 mil 435 millones de pesos.
Reportes periodísticos y análisis de datos apuntan que la gestión de David Colmenares al frente de la ASF fue considerada benévola para el priista en años recientes, ya que se perdonaron o solventaron más de 2 mil 700 millones de pesos de las cuentas pendientes. Esta situación contrasta con la actual acción legal que busca retirar la inmunidad legislativa al funcionario para que pueda enfrentar un juicio penal.
El caso mantiene en la agenda política el debate sobre la impunidad y la rendición de cuentas de funcionarios de alto nivel. Mientras la Comisión Instructora prepara su reunión para determinar el futuro procesal de Moreno Cárdenas, las cifras de las auditorías pasadas continúan siendo un punto de referencia para críticos que exigen claridad sobre el manejo de fondos públicos en la administración anterior de Campeche.
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