entrevista con jaime bonilla, ex gobernador de baja california
Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por delitos relacionados con el proyecto Next Energy, tras una resolución emitida por el juez Gerardo Anguiano Ceja después de una audiencia que se extendió por casi 24 horas, iniciada el día anterior. La decisión judicial responde a las acusaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado de Baja California, que señala al exfuncionario por presuntas irregularidades en compromisos financieros y permisos durante su gestión.
El caso se centra en un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali que nunca se llevó a cabo, lo cual habría generado un daño al erario estatal. Según la información fiscal, el proyecto Next Energy comprometía pagos mensuales de 123 millones de pesos por un periodo de 30 años. Como medida cautelar, se fijó una garantía económica alrededor de 100 mil pesos y se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Durante el procedimiento, surgieron contradicciones entre la defensa y la acusación. Bonilla Valdez argumentó que el pago de los 123 millones vinculados al proyecto se realizó entre enero y febrero de 2022, periodo en el que afirmó ya no estar en funciones, mientras que la Fiscalía mantiene que los delitos se cometieron durante su administración como gobernador, cargo que ocupó de 2019 a 2021. Asimismo, el exgobernador sostuvo que su gobierno solo pagaría por un servicio y no tendría la obligación de construir la planta, postura que contrasta con las acusaciones sobre irregularidades en los permisos otorgados.
Jaime Bonilla Valdez, quien posteriormente asumió la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT), enfrenta ahora un proceso penal por estas acciones. La vinculación a proceso implica que existen elementos suficientes para investigar su responsabilidad penal, aunque no constituye una sentencia de culpabilidad en esta etapa. La defensa del exfuncionario ha cuestionado la imputación de los hechos a su periodo de gobierno, alegando que las transacciones financieras ocurrieron cuando su administración ya había concluido.
La investigación continuará durante los próximos seis meses, tiempo en el cual la Fiscalía deberá presentar pruebas específicas que sustenten las acusaciones de daño al erario. El caso ha puesto bajo escrutinio las operaciones contractuales realizadas durante la gestión de Bonilla en Baja California, especialmente en lo concerniente a proyectos de infraestructura energética que no se materializaron.
Este desarrollo judicial ocurre en un contexto donde la gobernadora actual de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no ha emitido una respuesta oficial pública respecto a las declaraciones de Bonilla sobre el caso, ni se han detallado la situación de otros colaboradores que el exgobernador mencionó como previamente procesados. La audiencia concluyó con la determinación del juez de someter a Bonilla a proceso, marcando un nuevo capítulo en la revisión de actos de gobierno en la entidad fronteriza.
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