Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió acciones de inconstitucionalidad presentadas contra reformas legislativas en los estados de Durango y Nayarit, invalidando disposiciones que establecían el carácter privado como regla general para las sesiones de los plenos judiciales y mecanismos de evaluación de candidaturas contrarios al modelo federal. La decisión, tomada durante la sesión del Pleno del 23 de marzo, reafirma los principios de publicidad y paridad en la integración de los poderes judiciales locales.
En el caso de Durango, la Corte declaró inconstitucional una norma que pretendía establecer que las sesiones del pleno del Tribunal Superior de Justicia tendrían carácter privado por defecto. Los ministros consideraron que esta disposición viola el principio de publicidad que debe regir la función jurisdiccional, estableciendo que las sesiones deben ser públicas salvo excepciones justificadas. Asimismo, se invalidaron otras disposiciones relacionadas con la duración de los mandatos de los magistrados, aunque los detalles específicos de estos artículos no fueron detallados en la resolución pública inicial.
Respecto a Nayarit, la SCJN determinó que el mecanismo de evaluación de candidaturas a través de un Comité Estatal de Evaluación Único contravenía el modelo federal establecido para la selección de integrantes del poder judicial. La Corte señaló que los estados deben ajustar sus procedimientos a los lineamientos nacionales para garantizar la homogeneidad y transparencia en el proceso de designación.
Adicionalmente, en la resolución sobre Nayarit, la Suprema Corte reconoció una omisión legislativa por parte del Congreso local al no incorporar en su normativa los principios de insaculación y paridad de género. Este hallazgo obliga al poder legislativo estatal a realizar las modificaciones necesarias para asegurar que la integración de su tribunal cumpla con los estándares constitucionales de igualdad y representación equilibrada entre hombres y mujeres.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas en el contexto de las reformas al sistema de justicia, involucrando al Poder Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como actores relevantes en la defensa del orden constitucional. La resolución de la Corte sienta un precedente para otros estados que hayan intentado implementar normas similares que restrinjan la publicidad de las sesiones judiciales o desvíen los modelos federales de evaluación.
Con estas decisiones, la SCJN busca uniformar los criterios de operación de los poderes judiciales locales y fortalecer la transparencia en la administración de justicia. Se espera que los congresos de Durango y Nayarit adecuen sus legislaciones a lo dispuesto por la Corte para evitar vacíos legales o inconstitucionalidades persistentes en sus sistemas de justicia.
About The Author
