Fotogrfaía de archivo de familiares y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapaque protestan en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez
Por Redacción
Iguala, 22 de marzo de 2026.- Una bolsa con restos óseos humanos y un horno crematorio clandestino fueron hallados durante una inspección realizada el 21 de marzo de 2026 en la funeraria Ángel, ubicada en Iguala, Guerrero, en el marco de las investigaciones sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida hace más de 11 años. Los hallazgos se suman a otras acciones recientes que incluyen la detención de una exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero por la presunta pérdida de videos clave y la vinculación de un líder social con el movimiento por los estudiantes.
La inspección en la funeraria fue llevada a cabo por autoridades federales encargadas de las búsquedas, quienes recuperaron la bolsa de restos óseos que data de 2014, así como el horno crematorio. Según el contexto de la investigación, se indaga actualmente la relación directa entre estos restos y el caso de los 43 estudiantes, aunque no se ha confirmado oficialmente dicho vínculo. Las madres y padres de los normalistas, estudiantes de la normal de Ayotzinapa y organizaciones de derechos humanos mantienen su presencia en la zona siguiendo de cerca los avances de las diligencias.
En paralelo a los hallazgos forenses, las autoridades han detenido a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, identificada en reportes como visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, debido a su presunta responsabilidad en la pérdida de videos del Poder Judicial de Guerrero que podrían ser relevantes para el caso. La investigación busca esclarecer el contenido de dichas grabaciones y su impacto probatorio, aunque los detalles específicos sobre el motivo exacto de su vinculación a cargo no han sido detallados completamente en los informes disponibles.
Asimismo, se ha registrado la detención de Ubaldo Segura Pantoja, un líder social vinculado a las protestas y al movimiento por los 43 normalistas. Las fuentes indican que su detención podría estar relacionada con el contexto de las movilizaciones, aunque no se establece una conexión directa y explícita en los documentos actuales con las líneas de investigación de la funeraria o la pérdida de los videos, lo que sugiere que podría tratarse de un hecho paralelo o de una relación indirecta que requiere mayor esclarecimiento.
Entre los funcionarios federales que participan en estas diligencias se encuentran Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación de Litigación y Contratación de Armas (UEILCA), Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), y Claudia Galindo, secretaria técnica de la Covaj. Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, también ha estado presente en el seguimiento de estas acciones como parte de las organizaciones de derechos humanos involucradas.
Estas tres líneas de investigación —el hallazgo en la funeraria Ángel, la detención por la pérdida de videos judiciales y la detención del líder social— se desarrollan simultáneamente más de una década después de los hechos de Iguala. Las familias de los normalistas y las organizaciones civiles continúan exigiendo verdad y justicia mientras las autoridades federales trabajan para corroborar la relevancia de los nuevos elementos encontrados y aclarar las responsabilidades de los funcionarios y particulares implicados en estas irregularidades.
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