Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- En un esfuerzo coordinado que abarca desde la regulación legislativa hasta la acción operativa en terreno, autoridades mexicanas avanzan en tres frentes críticos para la salud pública y el medio ambiente: la regulación de sustancias químicas peligrosas, la vacunación masiva contra el sarampión en Coahuila y el combate a la pesca ilegal en Baja California. Estos esfuerzos se desarrollan en el contexto de las recomendaciones emitidas por el Relator Especial de la ONU sobre sustancias y desechos peligrosos, Marcos A. Orellana, quien durante su visita al país recibió 42 contribuciones relacionadas con la gestión de tóxicos y la impunidad ambiental.
En el ámbito legislativo, Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, impulsa una iniciativa para regular el uso de plaguicidas y sustancias químicas peligrosas. Esta propuesta busca dar respuesta a la problemática evidenciada por el ecocidio en el Río Sonora de 2014 y alarga la discusión sobre los más de 142 millones de sustancias químicas registradas actualmente en el mundo, cuya gestión requiere marcos jurídicos más estrictos para proteger a la población y los ecosistemas.
Paralelamente, en el sector salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha intensificado sus acciones preventivas en el norte del país. Verónica Hernández Sandoval, enfermera supervisora del IMSS en Coahuila, reportó la aplicación de más de 147 mil dosis de la vacuna contra el sarampión. Esta campaña busca contener posibles brotes infecciosos y garantizar la cobertura inmunológica en la región, demostrando la capacidad de respuesta institucional ante riesgos sanitarios.
En materia de vigilancia ambiental y seguridad marítima, la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) ejecutaron un operativo en Ensenada, Baja California, que derivó en el aseguramiento de 25.11 toneladas de pesca ilegal. El cargamento decomisado incluye 2,100 kilogramos de buche de curvina y 23,010 kilogramos de pescado entero congelado de la misma especie. Las autoridades actuaron el pasado 18 de marzo para frenar actividades que ponen en riesgo la biodiversidad marina y violan la normativa pesquera nacional.
La convergencia de estas acciones refleja una estrategia multifacética del Estado mexicano para abordar desafíos complejos. Mientras la iniciativa legislativa busca prevenir futuros daños por contaminantes químicos a largo plazo, los operativos de vacunación y decomiso de pesca ilegal ofrecen respuestas inmediatas a amenazas concretas de salud y conservación ecológica. La información recabada por el relator de la ONU servirá como insumo para fortalecer las políticas públicas en materia de justicia ambiental y protección de la salud frente a agentes tóxicos.
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