Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos y activistas han denunciado un patrón regional de represión estatal que abarca desde el desmantelamiento de políticas de memoria en Argentina hasta desapariciones forzadas de deportados en El Salvador, pasando por la confiscación de bienes a opositores en Venezuela y Nicaragua. Human Rights Watch (HRW) y testimonios de víctimas directas alertan sobre el endurecimiento de políticas migratorias inspiradas en modelos autoritarios y la criminalización de la disidencia política en varios países de la región.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei enfrenta críticas por la expulsión de más de 5,000 personas en los últimos dos meses y un aumento del 40% en deportaciones durante 2024, con 620 casos reportados. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, ha anunciado medidas que incluyen redadas sin especificación de ubicaciones precisas, mientras economistas como Mercedes D’Alessandro y vecinas de Mendoza, encabezadas por Macarena Limousin, cuestionan el impacto social de estas políticas y su relación con proyectos como el minero San Jorge (PSJ Cobre Mendocino), cuyo estatus legal permanece sin claridad.
La situación en Venezuela y Nicaragua presenta graves violaciones al debido proceso. Lilian Tintori y otros opositores como William Dávila, Enrique Márquez y Leopoldo López han sido sujetos a confiscación de bienes, aunque no se detallan los cargos específicos en su contra. En Nicaragua, el dirigente chavista Carlos Brenes figura como desaparecido, sumándose a las denuncias de activistas como Amaru Ruiz y familiares de víctimas como Thelma Brenes, quienes reportan un clima de impunidad ante la falta de respuestas oficiales de los gobiernos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En El Salvador, la controversia se centra en la desaparición de 11 connacionales deportados desde Estados Unidos, entre ellos César Humberto López Larios, conocido como ‘El Greñas’, acusado de liderar la pandilla MS-13. Mientras el gobierno estadounidense y las autoridades salvadoreñas justifican las deportaciones masivas —más de 9,000 en 2025, según cifras— alegando antecedentes penales en el 10% de los casos, HRW y las familias de los desaparecidos niegan que exista evidencia concreta que vincule al resto de los deportados con actividades criminales. Más de 250 venezolanos también han sido deportados desde EE.UU. en este contexto.
Las denuncias se enmarcan en un contexto histórico sensible, recordando las 30,000 personas desaparecidas durante la dictadura argentina, cifra referencial que resurge ante las nuevas prácticas de seguridad. La falta de información sobre el estado de salud de William Dávila tras su liberación y la ausencia de una respuesta oficial del gobierno salvadoreño ante las acusaciones de desaparición forzada profundizan la crisis de confianza en las instituciones regionales.
Ante este escenario, organismos internacionales y sociedad civil exigen transparencia y el respeto a las garantías individuales, advirtiendo que la normalización de estas prácticas podría consolidar un ciclo de violencia estatal difícil de revertir en el corto plazo.
About The Author
