Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno realizó correcciones a seis registros de pensiones de Petróleos Mexicanos (Pemex), ajustando a la baja los montos que originalmente reportaban cifras superiores o cercanas al millón de pesos, luego de recibir datos complementarios de la empresa el 17 de marzo de 2026.
De acuerdo con la información oficial, las correcciones modificaron significativamente los importes previstos. El registro que inicialmente figuraba con 1,107,361.34 pesos fue reducido a 201,961.34 pesos. Asimismo, una pensión de 987,978.50 pesos pasó a 170,978.50 pesos, mientras que otra de 976,512.80 pesos se ajustó a 160,512.80 pesos.
Los otros tres casos corregidos incluyen la reducción de 972,626.98 pesos a 155,626.98 pesos; de 655,515.92 pesos a 170,915.92 pesos; y de 500,052.60 pesos a 63,921 pesos. Estos cambios se aplicaron al padrón de pensiones que había sido publicado previamente el 13 de marzo.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que los ajustes fueron efectuados tras recibir la información complementaria por parte de Pemex, sin especificar si este proceso forma parte de una auditoría más amplia o de una verificación rutinaria. Los involucrados en el proceso incluyen a funcionarios como Alejandro Valadez Urrutia, Mario Francisco Espinosa Estrada y Jorge Luis Talamantes Montoya, entre otros.
Estas correcciones se dan en un contexto de debate público y legislativo respecto a la reforma al artículo 127 constitucional, la cual impone un tope a las pensiones públicas. Análisis de opinión, como el firmado por Guillermo Rivera Millán en el Semanario ZETA, señalan que la aplicación retroactiva de dicha reforma podría afectar derechos patrimoniales ya adquiridos y vulnerar el derecho humano de propiedad, aunque las fuentes primarias no vinculan explícitamente las correcciones de Pemex con esta tesis jurisprudencial.
Hasta el momento, no se ha detallado el motivo específico por el cual Pemex proporcionó los datos que generaron estas reducciones tan significativas en los montos reportados, manteniéndose la incertidumbre sobre si los ajustes responden a errores de captura originales o a una reevaluación de los derechos pensionarios.
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