Por Redacción
Ciudad de Mexico, 20 de marzo de 2026.- Una jueza de control vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada, exsubprocuradora de Justicia de Guerrero, por los delitos de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud en la modalidad de posesión de psicótropicos. La decisión judicial se tomó en el marco de una investigación que también la señala como presunta responsable de la desaparición de videos de cámaras de seguridad relacionados con el caso Ayotzinapa.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la exfuncionaria fue detenida tras un cateo realizado en su domicilio ubicado en la Ciudad de México. Durante la inspección, las autoridades aseguraron cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados, lo que motivó la ejercitación de la acción penal por dichos hallazgos, independientemente de su vinculación con el caso de los 43 normalistas desaparecidos.
La investigación federal indica que Estrada habría estado involucrada en la pérdida, ocultamiento o destrucción de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014. Dichos registros visuales son considerados material clave, pues se presume que captaron el momento en que policías locales interceptaron los autobuses en los que viajaban los estudiantes la noche de su desaparición.
Tras la audiencia de vinculación a proceso, la autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Asimismo, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva de oficio para la involucrada, quien fue trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla. La exsubprocuradora cuenta con 73 años de edad.
La FGR continúa con las diligencias necesarias para esclarecer la responsabilidad de la exfuncionaria tanto por los delitos comunes cometidos contra la salud y la ley de armas, como por su presunta intervención en la obstrucción de la justicia al eliminar evidencia crítica del caso Ayotzinapa, un evento que ha marcado la agenda de seguridad y derechos humanos en México desde 2014.
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