Por Redacción
Monclova, 20 de marzo de 2026.- Representantes de los obreros y dirigentes sindicales de Altos Hornos de México (AHMSA) mantuvieron su postura de exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales antes de cualquier reactivación de la empresa, mientras aguardan la presentación de una nueva propuesta de subasta por parte del síndico, cuyo plazo vence el 27 de marzo. La crisis, que lleva años estancada en la región centro de Coahuila, ha generado denuncias graves sobre muertes de trabajadores y falta de voluntad política para resolver el conflicto.
Ismael Leija Escalante, dirigente sindical, advirtió que no permitirán que los acreedores retiren activos de la compañía sin antes garantizar el pago a los trabajadores. Reiteró que se mantienen a la espera de que se cumpla con la fecha límite establecida para la presentación de la nueva propuesta de subasta, tras haber sido declarada inexistente la anterior. La demanda central sigue siendo la liquidación de los adeudos pendientes al personal antes de proceder con cualquier venta o reestructuración.
Por su parte, Juan Ervey Valenzuela de la Torre, representante de los obreros protestantes, acusó a autoridades y actores involucrados de intentar favorecer al empresario regiomontano Julio Villarreal, propietario de Grupo Afirme, en la adquisición de AHMSA. Valenzuela denunció que se han registrado 74 fallecimientos de trabajadores desde la paralización de la empresa y demandó transparencia y celeridad en el proceso judicial, así como el pago inmediato de las obligaciones laborales contraídas.
En el ámbito empresarial, Jorge Mtanous Falco, presidente de la Canacintra en Monclova, afirmó que la falta de voluntad política por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum constituye el principal obstáculo para resolver la crisis. Indicó que la reactivación de la siderúrgica sigue sin avances concretos tras la fallida subasta y señaló que no existe información oficial clara sobre el estado actual del proceso de venta de activos.
La situación en Monclova refleja una crisis prolongada de al menos tres años con severo impacto económico en la región. Los trabajadores y sus representantes mantienen la presión para que el gobierno federal y la sindicatura actúen con rapidez, mientras la fecha del 27 de marzo se perfila como un nuevo punto de definición para el futuro de la que fue la empresa más importante del norte del país.
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