Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, anunció que la votación del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral está programada para realizarse el próximo 25 de marzo, con el objetivo de aprobarla antes del inicio de la Semana Santa. Aunque medios como SDP Noticias señalan que la fecha carece de confirmación oficial definitiva, La Jornada reporta que la bancada gobernante tiene planeado llevar la reforma constitucional al pleno en esa fecha, contando con el respaldo del PT y el PVEM, quienes han manifestado apoyo general pese a reservas internas.
La propuesta legislativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado fuertes críticas por parte de la oposición y legisladores de otros partidos. Manuel Añorve Baños, senador del PRI, calificó la iniciativa como el ‘Plan Maduro’, equiparándola con medidas autoritarias, mientras que columnas de opinión en medios como Quadratín México la describen como un ‘golpe de Estado’ y una ‘Ley Maduro’. Por su parte, López-Dóriga Digital argumenta que la inclusión de la revocación de mandato es improcedente, dado que no se ha configurado la ‘pérdida de confianza’ hacia la ejecutiva, requisito establecido en la Constitución.
En el ámbito financiero y administrativo, el diputado Elías Lixa Abimerhi criticó que la reforma derivará en un incremento del gasto público en lugar de un ahorro. Según datos de la investigación, la modificación implicaría un aumento en el número de integrantes de los cabildos en aproximadamente 1,100 municipios a nivel nacional, mientras que solo 56 verían reducida su estructura. Esta expansión generaría cientos de nuevas regidurías, con casos específicos como el de Yucatán, donde el 74% de los municipios tendría que ampliar su cabildo, creando 221 puestos adicionales.
Los aliados del gobierno, representados por el coordinador del PVEM Manuel Velasco Coello y la vicecoordinadora del PT Geovanna Bañuelos de la Torre, junto con los senadores Alejandro González Yáñez y Liz Sánchez, mantienen su postura de voto a favor, aunque existen discusiones internas sobre algunos aspectos puntuales de la legislación secundaria que se derivará de este cambio constitucional. La mayoría de Morena y sus coalicionados busca cerrar esta etapa legislativa antes de las festividades religiosas de abril.
El debate central se mantiene entre la visión del gobierno, que presenta la reforma como un ajuste para fortalecer la participación ciudadana y reducir privilegios en órganos electorales, y la postura de los críticos, que alertan sobre un intento de control político y una carga financiera para las arcas municipales. La votación del 25 de marzo será determinante para definir si la reforma avanza hacia su promulgación o si enfrenta obstáculos procedimentales en las cámaras del Congreso.
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