Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas y profesores de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias formales contra exdirectores y funcionarios actuales de la institución por presuntos daños graves al patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya, centrando las acusaciones en el proyecto de los ‘Parques de la Memoria’, específicamente el parque Balam Tun.
Las denuncias apuntan directamente contra Diego Prieto, exdirector del INAH, así como contra Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo, y Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del proyecto ferroviario. Los denunciantes, integrantes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, alegan que se han cometido irregularidades bajo el argumento de desarrollar estos parques memoriales.
Entre las cifras más alarmantes presentadas por los arqueólogos destaca la estimación de que más de 62,000 estructuras mayas no han sido recuperadas hasta 2026, según lo señalado por Fernando Cortés de Brasdefer, especialista del instituto. Además, se reporta la supuesta reubicación y mezcla de 36 monumentos arqueológicos dentro del parque Balam Tun, así como la restauración cuestionada de 47 monumentos en el proyecto de Chetumal.
Las contradicciones en los reportes iniciales han generado debate sobre la naturaleza de los daños; mientras algunas versiones hablan de destrucción total mediante dinamita y retroexcavadoras, otras describen una ‘deconstrucción’ donde las piezas fueron desmanteladas y recombinadas. Los especialistas buscan ahora presentar evidencia documental y pericial ante las autoridades competentes para sustentar la acusación de lo que denominan un ‘crimen de lesa arqueología’.
Este conflicto interno en el INAH pone en evidencia la tensión entre los objetivos de desarrollo del gobierno federal y la preservación del patrimonio cultural en la península de Yucatán. Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta oficial por parte de los funcionarios señalados ni de la institución respecto a la gravedad de las imputaciones presentadas por su propio personal científico.
Se espera que en los próximos días se formalice la presentación de las denuncias ante el Ministerio Público, lo que podría derivar en investigaciones administrativas y penales. La comunidad académica mantiene la vigilancia sobre los sitios de Campeche, Xpujil y Chetumal, donde se concentran las mayores sospechas de alteración del contexto arqueológico original.
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