Por Redacción
Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- Tres trabajadores fallecieron y uno resultó herido tras el derrumbe de un inmueble en proceso de demolición en la colonia San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc, un accidente que ha desatado un conflicto político y legal entre autoridades locales y el Gobierno de la Ciudad de México. El sobreviviente, identificado como Ángel Miranda, interpuso una demanda civil contra la empresa encargada de los trabajos, mientras la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega responsabilizó a la administración central por no atender cientos de solicitudes de inspección pendientes.
El incidente ocurrió el 9 de marzo en la calle San Antonio Abad número 124. De acuerdo con la alcaldía Cuauhtémoc, el inmueble formaba parte de una lista de 17 edificaciones en proceso de demolición que se consideran en riesgo debido a la falta de supervisión. La empresa responsable de la obra no ha sido identificada públicamente, pero el despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano, representante de Miranda, presentó una demanda civil alegando irregularidades, incluyendo una presunta póliza de responsabilidad civil insuficiente.
La alcaldesa Rojo de la Vega señaló que su administración ha cumplido con solicitar verificaciones a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno capitalino, pero enfrenta un rezago de 456 solicitudes pendientes de respuesta entre octubre de 2025 y marzo de 2026. “Existe un conflicto de atribuciones”, afirmó, refiriéndose a discrepancias sobre la aplicación del ‘Acuerdo de Facilidades’, que según su versión, limitaría la capacidad de supervisión directa de la alcaldía.
Por su parte, la dirigencia del PAN en la Ciudad de México salió en defensa de la gestión de Rojo de la Vega. Luisa Gutiérrez, representante del partido, criticó la inacción del Gobierno central y respaldó la postura de la alcaldesa, argumentando que la alcaldía ha actuado dentro de su marco legal al solicitar las inspecciones correspondientes.
El caso ha sido turnado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) para investigar las posibles responsabilidades penales. Hasta el momento, no se han dado a conocer los nombres de los tres trabajadores fallecidos ni el estado de salud actual de Ángel Miranda. El desastre pone en evidencia las fallas en los protocolos de supervisión de demoliciones en una de las alcaldías más densamente pobladas de la capital.
El contexto político se enrarece mientras el PAN capitalino utiliza el caso para cuestionar la eficacia del Gobierno de la Ciudad de México, en un año electoral. La resolución de las investigaciones de la FGJ y el resultado de la demanda civil marcarán el curso legal de este accidente, que ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de los trabajadores de la construcción ante la burocracia y la falta de coordinación entre autoridades.
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