Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua, rompiendo con una prohibición histórica en el país centroamericano. La iniciativa del gobierno de Nayib Bukele recibió 59 votos a favor y solo uno en contra, en una sesión donde el oficialismo demostró su amplia mayoría parlamentaria.
La reforma fue presentada con 57 firmas de diputados, diez más de las requeridas para modificar la Constitución, y contó con el respaldo del partido Nuevas Ideas. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y la diputada Suecy Callejas fueron algunos de los principales impulsores de la medida, que se enmarca en la estrategia de seguridad del gobierno contra pandillas y crimen organizado.
El proceso legislativo se caracterizó por su celeridad, sin estudios previos ni debate profundo según reportes de medios locales. El presidente de la cámara, Ernesto Castro, dirigió la sesión donde se aprobó la modificación constitucional que elimina la prohibición de penas perpetuas que estaba vigente desde hace décadas en el país.
La medida se da en el contexto de un estado de excepción vigente desde marzo de 2022, que ha sido prorrogado continuamente por el gobierno de Bukele como parte de su ofensiva contra la criminalidad. Según fuentes legislativas, la reforma forma parte de un paquete más amplio de cambios a leyes secundarias que se discutirán posteriormente.
Para entrar en vigencia, la reforma constitucional requiere una ratificación en una futura sesión plenaria, cuya fecha exacta aún no ha sido anunciada. La oposición parlamentaria, minoritaria en la Asamblea, mostró divisiones con dos de sus diputados votando a favor de la iniciativa oficialista.
Esta modificación representa un cambio radical en el sistema penal salvadoreño y ha generado debate sobre su impacto en los derechos humanos y el sistema carcelario del país. Organizaciones internacionales han expresado preocupación por las medidas de seguridad implementadas durante el estado de excepción, que incluyen arrestos masivos y restricciones de garantías constitucionales.
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