Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes en el Senado su llamado “Plan B” de reforma electoral, una iniciativa que busca reducir el número de regidores por municipio, imponer topes presupuestales a los congresos locales y modificar las reglas de la revocación de mandato para permitir que la titular del Ejecutivo haga campaña. La propuesta llega tras el rechazo de su Plan A en la Cámara de Diputados y debe ser aprobada antes de septiembre por una restricción constitucional.
La iniciativa plantea una reducción significativa en las estructuras municipales, estableciendo un rango de entre 7 y 15 regidores por ayuntamiento, lo que eliminaría el principio de paridad de género en estas posiciones. Además, propone que los congresos estatales no puedan gastar más del 0.7% del presupuesto total de su entidad. En materia de fiscalización, la propuesta señala que en 2025 se iniciaron 741 carpetas de investigación por el Fondo de Fiscalización Especial de los Partidos Políticos (FISEL).
Uno de los cambios más polémicos se refiere al mecanismo de revocación de mandato. La iniciativa adelanta el plazo para solicitarla al tercer año de gobierno y, de manera explícita, autoriza a la Presidenta de la República a realizar campaña y utilizar recursos públicos para promover su continuidad en el cargo, un punto que ha generado críticas por contravenir el principio de austeridad que se promueve en otros aspectos de la reforma.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, respaldó la propuesta y adelantó que vendrá acompañada de una reforma judicial complementaria. “Es un paquete integral que busca eficientar el gasto y fortalecer la democracia”, declaró. Por su parte, Manuel Velasco, líder del PVEM en la Cámara alta, anunció el apoyo unánime de su bancada, aunque surgió una contradicción al conocerse que el senador Luis Armando Melgar no ratificó su voto y solicitó una revisión previa del texto.
Desde la oposición, la senadora panista Kenia López Rabadán arremetió contra la iniciativa, calificándola de “regresiva” y “clientelar”. “Bajo el discurso de la austeridad, lo que buscan es concentrar más poder, debilitar a los órganos autónomos y usar los recursos públicos para perpetuarse”, señaló. La posición oficial del Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, así como el impacto presupuestal exacto de las medidas, aún no han sido detallados.
El contexto político indica una carrera contra el tiempo. La reforma debe ser discutida y votada en ambas cámaras del Congreso de la Unión antes de que concluya septiembre de 2026, debido a los plazos que marca la Constitución para modificaciones de este tipo, lo que anticipa un periodo de intensas negociaciones y posible polarización en el Legislativo.
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