Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- El estado de Sonora destacó en la Jornada de Reclutamiento 2026 del IMSS al contratar a 419 médicos especialistas, un avance local que contrasta con el diagnóstico nacional de un sistema de salud con el menor gasto público por persona en América Latina. Según un análisis del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), apenas el 51.9% del gasto total en salud en México es público, mientras que el 39.1% proviene del bolsillo de los ciudadanos, lo que refleja una carga financiera desigual.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció que la entidad se posicionó como líder nacional en la contratación de especialistas para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante la jornada celebrada entre el 2 y el 11 de marzo. Además, señaló que en la entidad se construyen y modernizan seis hospitales, como parte de esfuerzos para fortalecer la infraestructura médica.
Sin embargo, esta mejora a nivel estatal se enfrenta a un panorama nacional complejo. Sergio Meneses Navarro, especialista del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del INSP, advirtió en un ensayo académico que México tiene el gasto público en salud más bajo por persona de toda la región latinoamericana. Esta situación limita la capacidad del sistema para ofrecer servicios accesibles y de calidad a toda la población.
La contradicción entre el avance local y el estancamiento estructural nacional subraya los desafíos del sistema de salud mexicano. Por un lado, hay esfuerzos concretos, como los de Sonora, para incrementar el personal médico especializado. Por otro, persiste un modelo de financiamiento que depende en gran medida de los recursos privados de las familias, lo que puede profundizar las desigualdades en el acceso a la atención.
El análisis del INSP indica que, al destinar una parte tan significativa del gasto total a pagos directos, los hogares mexicanos son más vulnerables a crisis económicas por motivos de salud. Este patrón contrasta con sistemas de otros países de la región donde el financiamiento público tiene un peso mayor, lo que teóricamente garantiza una cobertura más universal y protección financiera para los ciudadanos.
El contexto político actual, con discusiones sobre la reforma al sistema de salud y la continuidad de programas como el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pone en relieve la urgencia de abordar estos desequilibrios financieros. Los datos sugieren que, sin un aumento sustancial y una mejor distribución del gasto público, los avances en contratación de personal o infraestructura en ciertos estados podrían ser insuficientes para transformar un sistema que sigue dejando a una parte de la población sin protección adecuada.
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