Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- Dos expolicías municipales de Tijuana fueron vinculados a proceso por los delitos de tortura agravada y homicidio calificado en agravio de Carlos Dámaso López, quien falleció tras una detención violenta en abril de 2022. En un caso separado, vecinos de la colonia Santa Fe, en el mismo municipio, iniciaron una recolección de firmas para exigir la construcción de un hospital, luego de que un menor perdiera la vida por falta de atención médica oportuna.
Los hechos por los que fueron imputados Juan ‘N’ y Abel ‘N’ ocurrieron el 27 de abril de 2022 en un establecimiento de Playas de Tijuana. Según la investigación, los entonces agentes detuvieron a López y lo sometieron a actos de tortura que derivaron en su fallecimiento el 18 de mayo de ese año. La Fiscalía General de Justicia del Estado logró la vinculación a proceso el pasado 15 de marzo.
Este caso se suma a otro proceso judicial contra la violencia policial en la región. Recientemente, un juez impuso una condena de 25 años y tres meses de prisión a Billy ‘N’, otro expolicía municipal, por el homicidio calificado de una mujer de 68 años. La sentencia destaca un patrón de abuso de autoridad que ha generado alarma entre organismos defensores de derechos humanos.
Mientras avanzan los procesos penales, en la colonia Santa Fe, al oriente de Tijuana, la indignación ciudadana se canaliza hacia la demanda de servicios públicos básicos. Habitantes como Guadalupe y Silvia González relatan que la muerte de un menor, atribuida a la lejanía de los centros de salud, los impulsó a iniciar una campaña de recolección de firmas. “Necesitamos un hospital aquí, no podemos seguir perdiendo vidas por tener que trasladarnos tan lejos”, señaló una de las vecinas.
La diputada federal Evangelina Moreno, quien ha dado seguimiento a la problemática, destacó la urgencia de atender la demanda de infraestructura médica en zonas periféricas de Tijuana. Aunque se mencionó en el contexto legislativo una partida de 300 mil pesos para gastos de representación en comisiones, los vecinos exigen una respuesta concreta y la asignación de un presupuesto específico para la construcción del hospital en Santa Fe.
Los dos frentes –justicia por abusos policiales y exigencia de servicios de salud– reflejan problemáticas estructurales en Baja California, donde la seguridad pública y la cobertura médica insuficiente son reclamos constantes de la sociedad civil. Las autoridades enfrentan el reto de garantizar el acceso a la justicia en casos de violaciones graves a derechos humanos, al mismo tiempo que deben responder a las demandas históricas de comunidades marginadas que carecen de infraestructura básica.
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