Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Las empresas Cargill y Banco Afirme notificaron a la jueza concursal Ruth Huerta su oposición a la subasta de activos de Altos Hornos de México (AHMSA), al argumentar que conservan el derecho de ejecutar de manera autónoma las garantías prendarias que respaldan sus créditos, los cuales suman más de 20 mil 694 millones de pesos. La medida, que representa un nuevo obstáculo en el complejo proceso de quiebra de la siderúrgica, se basa en que ambos acreedores concentran el 46% de la deuda total reconocida de AHMSA, estimada en 45 mil 170 millones de pesos.
De acuerdo con las posiciones presentadas ante el juzgado, Cargill reclama un adeudo de mil 422 millones de Unidades de Inversión (UDI), equivalentes a aproximadamente 12 mil 385 millones de pesos, mientras que Banco Afirme exige el pago de 954 millones de UDI, unos 8 mil 309 millones de pesos. Ambas instituciones financieras sostienen que los bienes que AHMSA pretende subastar están sujetos a garantías prendarias a su favor, por lo que cualquier intento de venta dentro del concurso mercantil debe respetar sus derechos de cobro preferente.
El bloqueo legal ocurre en un momento en que se busca reactivar la venta de activos clave de la empresa, incluyendo posiblemente los de su subsidiaria Minera del Norte (Minosa), para pagar a los acreedores. La oposición de Cargill y Afirme podría detener o retrasar significativamente este proceso, al exigir que primero se les liquide con los bienes que tienen en garantía.
El contexto añade una capa de complejidad a la disputa, ya que el presidente de Banco Afirme, Julio César Villarreal Guajardo, es también dueño del Consorcio Villacero, un grupo siderúrgico que intentó comprar AHMSA en el año 2020. Esta conexión genera interrogantes sobre los intereses estratégicos detrás de la postura legal del banco en el concurso.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura oficial por parte de AHMSA respecto al bloqueo de la subasta. Tampoco se han revelado los detalles específicos de los bienes con garantía prendaria ni la identidad de los posibles postores interesados en adquirir los activos de la compañía. La jueza concursal deberá ahora evaluar los argumentos de los acreedores y determinar el siguiente paso en un proceso que busca, en teoría, maximizar el valor de la masa concursal para beneficio de todos los involucrados.
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