Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Un juez federal absolvió a Javier ‘N’, único detenido por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes ocurrido en febrero de 2019, debido a que las pruebas presentadas por la Fiscalía de Morelos no alcanzaron el nivel necesario para acreditar su culpabilidad. El fallo judicial, emitido entre el 14 y 15 de marzo, genera críticas hacia la investigación ministerial y deja en la impunidad el crimen contra el opositor al Proyecto Integral Morelos.
Medios nacionales como El País México y Aristegui Noticias coincidieron en señalar la pobre investigación de la Fiscalía de Morelos como la causa fundamental de la absolución. El proceso judicial, que se extendió por aproximadamente cuatro años, culminó con el juez determinando que las pruebas no cumplían con los estándares requeridos para una condena.
Samir Flores Soberanes era un reconocido activista y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluía la construcción de una termoeléctrica y un gasoducto. Su asesinato, ocurrido en Amilcingo, Morelos, en 2019, conmocionó al país y se enmarcó en un contexto de conflictos socioambientales y defensa del territorio.
Paralelamente a este fallo de alto perfil, se desarrollaron otros procesos judiciales en el país. En la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a cuatro ciudadanos colombianos de 52, 48, 43 y 24 años, por el robo de 739 piezas de joyería valuadas en aproximadamente 400,000 pesos. Uno de los detenidos tenía antecedentes penales.
En Chihuahua, específicamente en Ciudad Juárez, un juez impuso prisión preventiva oficiosa a cinco hombres –identificados como José Isaac N, José Ramón N, José N, Luis N y Gonzalo N– por su presunta participación en delincuencia organizada con fines de tráfico de personas.
Mientras tanto, en Puerto Vallarta, Jalisco, otras siete personas –Edwin N, Francisco N, Elvira N, Karina N, Luis N, Ivette N y Betzy N– fueron vinculadas a proceso por el delito de portación de armas.
La absolución en el caso Samir Flores reabre el debate sobre la capacidad de las fiscalías estatales para investigar crímenes contra defensores de derechos humanos y ambientales, y deja pendiente la captura de otros dos presuntos autores materiales del homicidio, según había mencionado la Fiscalía en su momento.
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